
La ONG SOS Orinoco denunció la existencia de una nueva mina ilegal de 5,8 hectáreas dentro del Parque Nacional Canaima, entre los estados Bolívar y Amazonas, al sur del país, declarado patrimonio mundial por la Unesco desde 1994 y donde se encuentra el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo.
Subraya que “no se trata de un hecho aislado”, pues el último informe de esta agrupación documenta “1.852,96 hectáreas de minería ilegal dentro de Canaima y 49 dragas activas operando en el cauce del río Caroní, que se encuentra íntegramente dentro del parque”.
Señala que “lo más grave” de este caso en particular es que la mina “es impulsada por líderes indígenas pemón del Sector 2 de Canaima, en coordinación con políticos y militares, generando fracturas internas profundas dentro de las comunidades”.
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“El mercurio del procesamiento se dispersa hasta 100 kilómetros río abajo y la sedimentación amenaza la vida útil de las turbinas del embalse de Guri”, en el estado Bolívar, la mayor represa hidroeléctrica del país, que padece una prolongada crisis del servicio eléctrico que incluye apagones y cortes de luz que se extienden por unas seis horas en buena parte de la geografía nacional.
La ONG cuestiona que “Venezuela sigue postergando la misión de monitoreo reactivo de la Unesco”, mecanismo que utiliza esta dependencia de Naciones Unidas para evaluar el estado de conservación de los lugares declarados patrimonio mundial que están bajo amenaza.
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Riesgo
SOS Orinoco estima que la minería ilegal y las dragas activas en los ríos Caroní y Karuai “podrían movilizar 7,5 millones de toneladas de sedimentos al año, generados por la remoción de suelos y el uso de maquinaria pesada y químicos altamente venenosos como mercurio”.

“Esta carga sedimentaria fluye hasta el bajo Caroní, donde comienza el embalse del Guri; gran parte de esos sedimentos quedan atrapados en el fondo del embalse, que pierde profundidad y reduce su vida útil, al tiempo que reduce severamente su capacidad de almacenamiento y pone en riesgo operativo las turbinas hidroeléctricas de las que depende buena parte del sistema eléctrico venezolano”, alertan.
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La ONG reportó el primero de agosto que al menos dos mineros murieron tapiados en un accidente en una mina ilegal ubicada en la margen derecha del río Caroní. “Esta mina clandestina funciona bajo el control directo de efectivos de la Dirección Policial de los Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB)”, asevera la organización civil.
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