Banco de la República propone a Abelardo de la Espriella ajustar ingresos y gastos para reducir el déficit fiscal

El Banco de la República advirtió que el gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá que ajustar ingresos y gastos para cerrar el déficit fiscal y contener la deuda, después de señalar que el Proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027 prevé un faltante de $30,2 billones, equivalente al 1,4% del PIB, que solo podría cubrirse con ingresos contingentes o con medidas fiscales de magnitud similar.

El comentario del emisor sobre el presupuesto de 2027 ubica además otra presión en el crecimiento del costo financiero del Estado. El servicio de la deuda quedó presupuestado en $118 billones para 2027, frente a $100,5 billones en 2026, y dentro de ese rubro los intereses de la deuda interna crecerían 54,8%.

Según el Banco de la República, el problema no se limita a un faltante puntual en las cuentas del próximo año. El diagnóstico apunta a una brecha estructural entre un gasto total, sin amortizaciones, cercano al 23% del PIB y unos ingresos tributarios que promediaron 14,7% del PIB entre 2021 y 2025.

La recomendación central del banco es que el saneamiento fiscal no recaiga en un solo frente. El gerente general encargado Hernando Vargas sostuvo que una reducción creíble de la brecha exige medidas sobre el gasto y los ingresos al mismo tiempo, con el fin de recuperar las metas de la regla fiscal y reducir los riesgos sobre la deuda pública.

Vargas explicó que los recursos del petróleo no ofrecen una base estable para cerrar ese desequilibrio. Dependen de los volúmenes de producción, del precio internacional del crudo y de la tasa de cambio, por lo que el banco los considera vulnerables a cambios externos.

Ese diagnóstico choca con la posición del ministro de Hacienda, Mauricio Gómez, que dijo que el país necesita una estrategia seria para recuperar sus finanzas, pero descartó que subir impuestos sea una opción.

El planteamiento del emisor pide revisar esa postura porque sostiene que la consolidación fiscal requerirá decisiones tanto del lado del ingreso como del gasto.

El punto de fondo es que el presupuesto de 2027 asciende a $575,7 billones, mientras que los ingresos aforados llegan a $545,4 billones. Esa diferencia deja al Gobierno ante la necesidad de conseguir recursos adicionales o recortar compromisos para evitar que el desbalance se traslade a la deuda.

El banco también subrayó que una parte amplia del gasto público ya está atada por obligaciones constitucionales y legales. En ese grupo están el servicio de la deuda, las pensiones, las transferencias del Sistema General de Participaciones, las vigencias futuras y las rentas con destinación específica.

Esa estructura reduce el margen de maniobra cuando faltan recursos. En la práctica, los ajustes suelen concentrarse en los componentes más flexibles del presupuesto, sobre todo la inversión pública.

A esa restricción se suma la reforma al SGP aprobada mediante el Acto Legislativo 03 de 2024. La norma ordena un incremento gradual de la participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la Nación hasta llegar al 39,5% en un periodo de 12 años.

Vargas advirtió que ese cambio depende de una ley orgánica de competencias que redefina las funciones de la Nación y de las entidades territoriales.

Dijo: “En ausencia de una reasignación clara de competencias y de una reducción equivalente de partidas de gasto en el nivel nacional, el aumento del SGP podría traducirse en una presión adicional permanente sobre el PGN y, consecuentemente, en un riesgo nuevo sobre la sostenibilidad de la deuda del Gobierno”.

La misma alerta fue recogida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. De acuerdo con sus estimaciones, sin medidas de ajuste el gasto de funcionamiento e inversión podría superar en 2,2 puntos del PIB la meta del Gobierno.

Para llegar al déficit primario previsto de 0,5% del PIB en 2027, el Carf calcula que harían falta aumentos de ingresos o reducciones de gasto equivalentes al 3,7% del PIB.

El mensaje final del banco es que la corrección de las finanzas públicas exigirá una consolidación fiscal creíble para preservar la sostenibilidad de la deuda, recuperar la confianza y mantener la estabilidad macroeconómica y social del país.