Hace unos años un informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) encendió la alarma. Casi el 98% de las partidas de peras ofertadas entre 2011 y 2013 en el Mercado Central de Buenos Aires y sus similares de La Plata y General Pueyrredón habían dado positivo en 20 variedades de insecticidas y fungicidas.
Más del 90% de las muestras de apio monitoreadas en esos mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos y en el caso de de las mandarinas presentaron remanentes de otros 16 pesticidas.
El 85% de las manzanas revelaron presencia de 22 tipos de insecticidas, fungicidas y acaricidas. El 76,6% de las muestras de frutilla mostró restos de 17 plaguicidas. De un total de 27 frutas, verduras y producciones similares relevadas, solo cuatro variedades dieron cero en contaminación: cebolla, batata, yerba mate y almendras.
Por otro lado, expedientes de los operativos realizados en 2016 evidenciaron que el 65,4% de las partidas de apio contenía concentraciones de insecticidas y fungicidas por encima de los LMR (Límites Máximos de Residuos) que fija la normativa vigente en la Argentina para este tipo de alimentos. Solo en ese producto se constató la presencia de 21 agroquímicos, entre ellos el insecticida endosulfán, de uso prohibido en la Argentina desde mediados de 2013. En la zanahoria, el 62,5% de las muestras analizadas dio un resultado similar: seis principios activos, divididos entre insecticidas y fungicidas.
El escenario ya es alarmante y los técnicos de los laboratorios del Mercado Central sostienen que en los últimos dos años los hallazgos de sustancias no aptas para el consumo humano aumentaron en un 5%, en una tendencia que se convirtió en creciente.
La situación es más grave aún si consideramos que varios millones de toneladas de frutas y hortalizas que son comercializadas en verdulerías de todo el país llegan directamente de la huerta sin pasar por controles del Mercado Central ni de ningún otro tipo de laboratorio. Veneno directo de la tierra a la mesa, sin pérdidas ni decomisos.
Es duro pero hay que decirlo: estamos en emergencia. Los organismos nacionales y provinciales que coordinan políticas sanitarias y ambientales deben mejorar y articular urgentemente mecanismos de emergencia que garanticen la seguridad alimentaria y ambiental de los argentinos.
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