El PAMI ( Programa de Atención Médica Integral o Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) aprobó un manual que regula el uso de inteligencia artificial (IA) en sus procesos de gestión.
La norma alcanza a todas las áreas del instituto y a los proveedores que trabajan con sus datos. Esta acción provoca que ninguna decisión sobre tratamientos o medicamentos podrá quedar solo en manos de un sistema automático.
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El manual dispone que cualquier desarrollo con IA pase por una evaluación formal antes de ponerse en marcha. También regula el uso individual de asistentes de IA por parte de los trabajadores, que solo podrán emplear plataformas habilitadas por el organismo.
Los empleados tampoco podrán cargar información sensible en servicios que no ofrezcan garantías de confidencialidad. Los datos personales de los afiliados deberán anonimizarse siempre que sea posible, y cada uso necesitará el aval de las áreas de protección de datos y de asuntos jurídicos.
PAMI es la obra social que atiende a adultos mayores en Argentina. Sus afiliados dependen de ella para acceder a tratamientos, medicamentos y otras prestaciones, y esos son los casos que la norma protege con control humano.
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Un comité de ética evaluará cada proyecto
Para revisar las propuestas, el instituto creó un Comité de Ética de Inteligencia Artificial. Lo integran especialistas técnicos, legales, médicos y de seguridad informática, y su funcionamiento se rige por un reglamento específico.
Cada iniciativa se analiza junto con distintas áreas de PAMI. El resultado puede ser su aprobación, su devolución para hacer ajustes o su rechazo.
La evaluación no termina con la autorización inicial. Las herramientas que ya están en uso tendrán un seguimiento periódico, y el organismo podrá suspenderlas si detecta errores, sesgos o problemas de seguridad.
Según BAE Negocios, la intención es que la incorporación de estas herramientas no quede limitada a un permiso inicial, sino que haya supervisión durante todo el tiempo en que se usen.
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Una guía estatal como base
Para elaborar el marco, PAMI tomó como referencia la Guía de Controles de Inteligencia Artificial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo que controla internamente a la administración pública nacional. Esa guía pide a cada entidad del Estado una política explícita sobre estas tecnologías.
El documento de la SIGEN establece que la IA puede realizar tareas, pero que la responsabilidad por las decisiones sigue en manos de las personas. Ese principio es el que PAMI trasladó a su manual.
El instituto se convirtió en uno de los primeros organismos públicos del país con reglas específicas para la implementación de estas herramientas. La medida forma parte de su proceso de modernización, que busca sumar tecnología a las tareas administrativas sin descuidar la seguridad de la información.
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En el caso de los servicios de salud, el criterio profesional y la intervención humana deberán mantenerse como parte de los procedimientos, según describen las fuentes. Esa condición rige para toda decisión que pueda afectar el acceso de los afiliados a tratamientos, medicamentos o prestaciones.
Qué controles deberán cumplir las herramientas de IA antes de intervenir en la gestión
La guía de la SIGEN, que PAMI tomó como referencia, distingue entre el uso individual de asistentes de IA por parte de los empleados y los sistemas integrados a procesos institucionales.
Para estos últimos, sugiere un análisis de factibilidad y riesgos antes de su incorporación, la intervención del área informática y jurídica, y la documentación de los procedimientos en los que se use la tecnología. Plantea capacitaciones para que los agentes puedan revisar los resultados y detectar usos indebidos.
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En la práctica, el alcance de la nueva regulación dependerá de cómo PAMI publique y aplique el manual, defina las plataformas habilitadas y comunique el funcionamiento de su comité. El organismo declaró que busca ordenar la incorporación de estas herramientas en sus procesos de gestión, con controles sobre la seguridad de la información y la responsabilidad de las personas que intervienen en las decisiones.
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