Cada vez que una empresa tecnológica instala un nuevo centro de datos en Estados Unidos, alguien más paga la cuenta. Ese alguien, según un estudio publicado esta semana en la revista científica Nature Energy, suele ser un hogar rural de bajos ingresos ubicado a cientos de kilómetros del servidor más cercano.
El mecanismo por el que la expansión de la inteligencia artificial traslada sus costos energéticos a los consumidores más vulnerables es el centro del análisis elaborado por investigadores de la Universidad de Cornell.
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El trabajo examinó cuatro de las principales redes eléctricas del país entre 2020 y 2025, junto con datos de 4.000 centros de datos existentes y en proyecto. En ese período, el gasto total en infraestructura eléctrica saltó de USD 2.000 millones a USD 34.200 millones.
Los centros de datos generaron USD 8.250 millones de esos costos, pero se les facturó apenas USD 3.000 millones. Los usuarios residenciales causaron USD 3.500 millones y terminaron pagando más de USD 16.000 millones.
Un problema estructural con décadas de antigüedad
El desequilibrio tiene un origen estructural. Las fórmulas que rigen la distribución de costos en las redes eléctricas fueron diseñadas para dividir los gastos según el consumo histórico, no según el crecimiento nuevo.
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Eso hace que los hogares absorban buena parte del costo de expandir la infraestructura que los centros de datos necesitan para operar.
Fengqi You, uno de los autores del estudio, describió el problema en un comunicado: “Si vas a construir un centro de datos, necesitás expandir la infraestructura eléctrica. Pero antes de que lo construyan, no están usando energía”.
Las redes que ya operaban al límite de su capacidad registraron los incrementos más pronunciados. En el sur de la Bahía de San Francisco, California, los centros de datos elevaron los precios mayoristas de energía en casi un 20% durante 2025.
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En el área de Dallas-Fort Worth, Texas, la suba rondó el 17%. En Nueva York, donde la presencia de centros de datos es menor, los precios mayoristas no experimentaron cambios significativos.

Una carga que no respeta fronteras ni distancias
Las comunidades rurales y de bajos ingresos enfrentaron aumentos de hasta un 76% superiores a los que registraron los residentes urbanos.
Los investigadores precisaron que, si bien la mayoría de los centros de datos se concentran cerca de los grandes centros metropolitanos, su impacto económico se extiende hacia las zonas suburbanas y rurales del entorno.
El estudio también identificó una asimetría geográfica que los autores calificaron de paradójica: los estados con los mayores incrementos de costos, como Virginia Occidental y Ohio, son al mismo tiempo los que registran los menores índices de uso de inteligencia artificial generativa en todo el país.
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You lo sintetizó ante CBS News: “No hace falta vivir al lado de un centro de datos para contribuir al pago de su infraestructura eléctrica”.
La situación llega incluso a atravesar fronteras estatales. Residentes de Nueva Jersey y Pensilvania contribuyeron al financiamiento de actualizaciones en la red eléctrica vinculadas al crecimiento de centros de datos ubicados en Virginia, por infraestructura que, tal como precisó el estudio, “ni contribuyen a crear ni de la que se benefician”.
Qué proponen los expertos para revertir el desequilibrio
El equipo de Cornell planteó dos medidas concretas para corregir el desbalance. La primera consiste en que los centros de datos reduzcan su consumo durante las horas de mayor demanda en sus regiones.
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La segunda apunta a que paguen directamente a los estados por la nueva carga que incorporan a la red eléctrica.
You fue categórico sobre cuál debería ser el criterio rector: “El sector de los centros de datos debería pagar por las actualizaciones de infraestructura eléctrica que necesita, no los demás clientes, no los hogares y, definitivamente, no los de bajos ingresos”, afirmó ante CBS News.
El estudio adquiere relevancia política inmediata. La regulación de los centros de datos fue uno de los temas centrales de las elecciones de medio término celebradas en noviembre, y los autores esperan que sus hallazgos orienten las decisiones que legisladores y empresas deberán tomar en los próximos meses.
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