Acusan a Meta de ganar miles de millones de dólares con anuncios fraudulentos

Meta enfrenta una demanda judicial en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde se le acusa de haber obtenido miles de millones de dólares por la difusión de anuncios fraudulentos en Facebook e Instagram. La querella, presentada por la fiscalía territorial ante el tribunal superior de St. Croix, sostiene que la tecnológica permitió la proliferación de estos avisos ilícitos porque constituían una parte significativa de sus ingresos.

El proceso busca imponer sanciones civiles a la empresa dirigida por Mark Zuckerberg en virtud de las leyes locales de protección al consumidor.

Según la demanda, documentos internos de Meta señalan que la compañía proyectaba ingresos notables derivados de la publicidad vinculada con fraudes, apuestas ilegales y comercialización de productos prohibidos. Las estimaciones incluidas en el expediente judicial sugieren que este tipo de publicidad habría generado miles de millones en ingresos anuales para la empresa. La demanda afirma que Meta aceptó estos beneficios como parte de su modelo de negocio.

Las autoridades del territorio alegan que Meta retrasaba intencionadamente el bloqueo de anunciantes sospechosos y que exigía un umbral de certeza casi absoluto antes de tomar medidas contra actividades fraudulentas. Como resultado, los anuncios engañosos pudieron permanecer activos durante periodos prolongados, ocasionando pérdidas económicas a los usuarios afectados, mientras la plataforma continuaba recibiendo los pagos correspondientes a estos anuncios.

Por su parte, Meta ha negado rotundamente estos señalamientos. Un portavoz oficial declaró que la compañía combate activamente las estafas en todas sus plataformas y reconoce que la publicidad fraudulenta perjudica a usuarios y negocios legítimos. Según la empresa, los reportes de fraudes recibidos por parte de los usuarios han descendido en los últimos meses, gracias a la mejora de sus herramientas de detección y a una aplicación más estricta de sus políticas internas.

Meta también ha rechazado haber descuidado la protección de los menores y destacó la actualización de sus normativas para fortalecer las salvaguardas dirigidas a los usuarios más jóvenes.

La demanda se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente a la publicidad engañosa y el contenido fraudulento. Tras la publicación de información sobre las proyecciones de ingresos internas de Meta, legisladores estadounidenses pidieron a los reguladores federales investigar posibles violaciones a la legislación de protección al consumidor y del mercado de valores.

Las autoridades de las Islas Vírgenes señalan que esta acción legal busca cubrir vacíos existentes en la supervisión federal, lo que sitúa al territorio como pionero en este tipo de litigios contra grandes empresas tecnológicas.

Un aspecto destacado en la demanda es la mención a políticas internas y directrices sobre el uso de inteligencia artificial en Meta. Estas regulaciones, según los documentos judiciales, habrían permitido interacciones entre chatbots y menores de edad en el pasado. Las políticas solo se ajustaron tras un aumento de la presión pública sobre la protección infantil en entornos digitales.

Este litigio contribuye a la creciente presión sobre la industria de la publicidad digital, mientras reguladores y autoridades examinan cómo las principales plataformas supervisan el contenido fraudulento y el comportamiento de sus anunciantes.