
Las protestas sociales de Bolivia han generado un conflicto diplomático con Colombia. Este miércoles, el canciller boliviano Fernando Aramayo informó la expulsión de la embajadora Elizabeth García y la declaratoria de “persona non grata” luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, expresara reiteradamente su apoyo a las protestas contra el presidente Rodrigo Paz.
El canciller boliviano informó en una entrevista televisiva: “Efectivamente, la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana, así como el endoso que hace el movimiento político desestabilizador de la democracia”.
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Aramayo señaló al canal Unitel que en las próximas horas se emitirá un comunicado con el pronunciamiento oficial.
La decisión del gobierno boliviano surge luego de que el presidente colombiano expresara su respaldo a las movilizaciones sociales y al expresidente Evo Morales (2006-2019), en al menos siete publicaciones emitidas la última semana en su cuenta de X.
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Petro calificó las movilizaciones que tienen cercada la ciudad de La Paz desde hace dos semanas como “una insurrección popular” en respuesta a “la soberbia geopolítica”. “Siempre estar al lado del pueblo. Bolivia se pone al frente de la lucha por la dignidad latinoamericana”, escribió en otro mensaje.
El presidente colombiano también se ofreció para mediar en el conflicto entre el gobierno de Paz y algunos movimientos sociales: “Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”.
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La Cancillería boliviana ya había descartado mediación internacional para resolver sus conflictos, luego de que las protestas concentraran la atención internacional. Al menos ocho países latinoamericanos, además del gobierno de Estados Unidos y más de 30 expresidentes de América y España expresaron su preocupación por los estallidos sociales en Bolivia.
En esa línea, este miércoles el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue convocado para abordar la situación boliviana.
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El país está inmerso en una espiral de conflictos que iniciaron a principios de mayo con demandas sectoriales específicas, como aumentos salariales y mejoras en la calidad del combustible y en rechazo a una ley que autorizaba reformas agrarias. A pesar de que el Gobierno ha logrado neutralizar algunos focos de tensión con acuerdos sindicales, indígenas del altiplano iniciaron bloqueos de caminos para exigir la renuncia de Paz.
A dos semanas de los primeros piquetes, las protestas se han masificado y se han extendido territorialmente. También hubo desbordes de violencia cuando el lunes confluyeron en La Paz tres marchas —incluida la de los seguidores del expresidente Morales— que se enfrentaron con la Policía. Los medios locales reportaron destrozos en instituciones públicas, agresiones físicas a ciudadanos y saqueos.
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La decisión de expulsar a la embajadora colombiana sube la tensión en un conflicto que hasta ahora se había mantenido en el margen nacional y puede agravar la disputa con quienes cuestionan la política exterior de la administración de Paz. Desde que asumió el gobierno, en noviembre pasado, las relaciones internacionales de Bolivia han dado un giro y se han acercado a países como Estados Unidos e Israel, con los que no se tenían relaciones diplomáticas plenas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Este roce diplomático es el tercero que se produce en el último mes. Anteriormente hubo un impasse con los embajadores de Irán y Rusia que habían asistido a la posesión del gobernador de Cochabamba, el dirigente cocalero y leal seguidor de Morales, Leonardo Loza, en un gesto que algunos analistas consideraron un gesto de posicionamiento político frente al nuevo contexto.
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