La Asamblea Nacional tiene previsto debatir y votar el jueves 21 de mayo, en segundo debate, el proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, una normativa que busca establecer un marco integral para regular el uso del mar ecuatoriano, preservar ecosistemas sensibles y ordenar las actividades económicas y recreativas vinculadas al océano.
Uno de los aspectos más novedosos de la propuesta es el reconocimiento de las zonas de rompiente de olas como ecosistemas estratégicos nacionales. Esto significa que lugares emblemáticos para el surf y el turismo costero pasarían a contar con protección jurídica específica frente a obras de infraestructura, intervenciones portuarias o actividades que puedan alterar su dinámica natural.
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La iniciativa llega al Pleno luego de un proceso de cinco años impulsado por el movimiento ciudadano Mareas Vivas, integrado por surfistas, científicos, ambientalistas y comunidades costeras. El colectivo nació en 2020, cuando habitantes de General Villamil Playas se movilizaron para impedir la construcción de un muelle que, según denunciaron, habría destruido de manera irreversible las olas del sector.
Desde entonces, el grupo promovió una campaña nacional, recolectó más de 10.000 firmas y presentó su propuesta legislativa a la Asamblea Nacional el 30 de julio de 2024.
De aprobarse, la ley protegerá los 640 kilómetros de costa continental ecuatoriana y más de 100 zonas de surf identificadas a lo largo del litoral. También incluirá medidas para conservar manglares, dunas, zonas de anidación de tortugas marinas y otros ecosistemas costeros considerados esenciales para la biodiversidad y la resiliencia frente al cambio climático.
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El proyecto establece la creación del Registro Nacional de Zonas de Rompientes, un catálogo técnico y público que documentará las características geográficas, ecológicas y recreativas de cada ola del país. Además, plantea la conformación del Consejo Interinstitucional del Mar, un órgano colegiado con resoluciones vinculantes para coordinar políticas entre más de 14 entidades estatales.
La ley también incorpora el principio precautorio, según el cual la falta de certeza científica absoluta no podrá utilizarse como argumento para postergar medidas de protección ambiental.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, anticipó la relevancia de la votación. “No se trata únicamente de proteger el surf o el turismo; se trata de reconocer que el mar, sus olas y sus ecosistemas son parte del patrimonio de todos los ecuatorianos, hoy y para las generaciones que vendrán”, señaló en un boletín difundido por el Legislativo.
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La normativa se inspira en el antecedente de Perú, que en el año 2000 se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley específica para proteger sus rompientes. Sin embargo, los promotores sostienen que el modelo ecuatoriano irá más allá al integrar la protección de las olas dentro de un sistema de gobernanza marina más amplio y con autoridad institucional vinculante.
Además de su valor ambiental, los impulsores del proyecto destacan su impacto económico potencial. Según datos citados en el boletín legislativo, las exportaciones de pescado y enlatados de pescado generaron más de USD 2.039 millones en 2025, mientras que el sector pesquero genera alrededor de 52.000 empleos directos en Ecuador.
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El turismo asociado al surf también representa una oportunidad relevante. A escala global, esta actividad mueve aproximadamente USD 70.000 millones anuales, y destinos ecuatorianos como Montañita, Ayampe y Engabao se han consolidado como referentes internacionales para deportistas y viajeros.
Los defensores de la ley sostienen que preservar las olas equivale a proteger una infraestructura natural que puede generar empleo, atraer visitantes y sostener economías locales durante décadas.
La propuesta forma parte de una tendencia regional que busca reconocer el valor ecológico, cultural y económico del océano. En un país cuya economía y biodiversidad dependen en gran medida del mar, la eventual aprobación de esta ley representaría un cambio de paradigma en la forma en que el Estado concibe y administra sus recursos costeros.
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Si el proyecto recibe el respaldo del Pleno, Ecuador se sumará al reducido grupo de países que han dado a las olas un estatus legal específico, elevando estos espacios naturales a la categoría de patrimonio estratégico nacional.
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