Ecuador declaró alerta amarilla preventiva ante la posible llegada de El Niño

El Gobierno de Ecuador declaró una alerta amarilla preventiva ante la posible evolución del fenómeno de El Niño, una decisión con la que busca reforzar la preparación del Estado y de los gobiernos locales frente a un evento climático que podría provocar lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos en distintas regiones del país.

La medida fue adoptada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), que emitió una resolución en la que dispuso la activación de mecanismos de prevención y coordinación interinstitucional en 17 de las 24 provincias del país, así como en 143 cantones y 491 parroquias ubicadas principalmente por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar.

La declaratoria se produce en un contexto de alta vulnerabilidad para Ecuador, que ya enfrentó un severo periodo lluvioso en los primeros meses de 2026. Hasta el 18 de mayo, las precipitaciones habían dejado más de 113.000 personas afectadas y al menos 17 fallecidos, según reportes oficiales de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Las autoridades aclararon que la alerta amarilla no significa que el fenómeno de El Niño haya sido oficialmente confirmado, sino que responde a la necesidad de anticiparse a un escenario con probabilidades crecientes de materializarse en el segundo semestre del año.

El sustento técnico de la medida proviene de los análisis del Comité Nacional ERFEN (Estudio Regional del Fenómeno El Niño) y de organismos internacionales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), cuyos modelos climáticos han advertido una elevada probabilidad de transición desde condiciones neutrales hacia un episodio cálido del Pacífico ecuatorial.

De acuerdo con las proyecciones internacionales, existe una probabilidad superior al 60% de que El Niño se desarrolle entre mayo y julio de 2026. Ese porcentaje aumenta considerablemente hacia finales de año, periodo en el que históricamente el fenómeno ha tenido sus mayores impactos sobre Ecuador, especialmente en la Costa.

Las provincias incluidas en la alerta son Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Con la declaratoria, los comités de operaciones de emergencia (COE) provinciales y cantonales deberán revisar sus planes de contingencia, identificar zonas de riesgo, verificar el estado de la infraestructura crítica y coordinar acciones preventivas como la limpieza de drenajes, alcantarillas y cauces de ríos.

También se prevé la actualización de inventarios de maquinaria y recursos, la identificación de albergues temporales y el fortalecimiento de campañas de información dirigidas a la población.

El fenómeno de El Niño es un patrón climático asociado al calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. En Ecuador suele traducirse en lluvias más intensas y prolongadas, con efectos que incluyen inundaciones, deslizamientos de tierra, pérdidas agrícolas, interrupciones viales y daños a viviendas e infraestructura pública.

Uno de los antecedentes más recordados es el evento de 1997-1998, considerado uno de los más severos de la historia reciente del país. Ese episodio causó pérdidas multimillonarias y dejó decenas de fallecidos, además de afectar a amplios sectores de la producción nacional.

La Organización Meteorológica Mundial y otros centros de monitoreo climático han señalado que, aunque todavía no es posible determinar con precisión la intensidad del fenómeno esperado para 2026, los países de la región deben prepararse desde ahora debido a la alta probabilidad de su ocurrencia.

En Ecuador, la decisión del Gobierno se suma a otras medidas de prevención adoptadas en los últimos años, en un contexto en el que los eventos extremos se han vuelto más frecuentes y costosos.

La alerta amarilla no implica evacuaciones obligatorias ni restricciones para la población, pero sí constituye un llamado de atención para que autoridades y ciudadanos tomen precauciones y mantengan vigilancia sobre la evolución de las condiciones climáticas.