El abogado Javier Baños adelantó que la defensa de Cristian “Pity” Álvarez recurrirá la condena a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Díaz y anticipó que llevará el caso ante distintas instancias judiciales. En una entrevista con Infobae al Regreso, cuestionó aspectos del procedimiento, sostuvo que el músico actuó en legítima defensa y defendió la decisión del Tribunal Oral N° 29 de concederle la prisión domiciliaria.
La sentencia declaró culpable al exlíder de Viejas Locas por el delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Álvarez no estuvo presente durante la lectura del veredicto y continuará bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.
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Baños aclaró que la defensa no discute la materialidad del hecho, pero sí sus circunstancias y la calificación jurídica. También remarcó que se trata de un fallo de primera instancia y que todavía no está firme.
“Vamos a recurrir, vamos a ir al Tribunal de Casación, después al Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eventualmente, si es que tenemos un fallo adverso en Casación”, explicó. El abogado agregó que, si fuera necesario, también acudirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales.
Según detalló, la estrategia contempla 24 planteos: diez vinculados con cuestiones formales y otros catorce relacionados con el fondo de la causa. Entre los primeros mencionó cuestionamientos sobre el procedimiento, las recusaciones a los jueces, cuestiones médicas y seis hábeas corpus que, de acuerdo con su exposición, permanecían pendientes de resolución.
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También sostuvo que la defensa no pudo interrogar a determinados testigos en las condiciones que consideraba necesarias. “Los que tienen que ver con las cuestiones de forma son todos pedidos de nulidades”, señaló.
En cuanto a los argumentos de fondo, Baños insistió en que Álvarez actuó en legítima defensa y planteó, como alternativa, la figura del exceso en la legítima defensa.
Los argumentos de la defensa sobre el crimen de Cristian Díaz
Durante la entrevista, el abogado reconstruyó la versión de los hechos que sostiene la defensa. Situó el episodio en el barrio Cardenal Samoré, donde ocurrió el homicidio, y afirmó que Álvarez fue abordado por Díaz durante la madrugada.
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Según Baños, su defendido fue privado ilegítimamente de su libertad y golpeado antes de efectuar los disparos. Para respaldar esa hipótesis, mencionó las declaraciones de dos testigos presenciales y cuestionó la interpretación de las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.
El letrado también hizo referencia a una pericia de barrido electrónico que, según explicó, detectó restos de bario, plomo y antimonio en la mano derecha de Díaz. Para la defensa, ese resultado indicaría que la víctima también había manipulado y disparado un arma.
Baños describió, además, una diferencia física entre ambos y recordó que el músico tenía una prótesis de cadera y había atravesado recientemente una operación. A partir de esas circunstancias, sostuvo que una caída podía representar un riesgo grave para su integridad física.
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Sin embargo, uno de los puntos que surgió durante el intercambio con los conductores fue la conducta de Álvarez después del homicidio. El abogado reconoció que el músico se retiró del lugar, fue a un boliche y descartó el arma utilizada, aunque consideró que esas acciones debían analizarse por separado de lo ocurrido durante el enfrentamiento.
“La actitud posterior al hecho del Pity será todo lo reprochable que quieras”, admitió.
Otro aspecto que abordó fue la cantidad de disparos. Baños reconoció que se efectuaron cuatro y que esa circunstancia podía generar dificultades para sostener la legítima defensa respecto de la totalidad de los disparos.
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“Un disparo en legítima defensa es entendible. Ahora, cuatro disparos en legítima defensa puede ser recontradiscutible”, planteó. En ese sentido, explicó que la defensa también invoca el exceso en la legítima defensa, una figura que, según su interpretación, permitiría una condena menor.
El abogado señaló que, bajo esa calificación, la pena podría ser de cinco años, una sanción que consideró cumplida por Álvarez a partir del tiempo que permaneció detenido durante el proceso.
La defensa también había solicitado la absolución y, de manera subsidiaria, que se evaluara la inimputabilidad del músico. Baños explicó que ese planteo estaba relacionado con la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos o de dirigir sus acciones.
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Por qué la defensa sostiene que Pity Álvarez debe continuar con prisión domiciliaria
Otro de los ejes de la entrevista fue la modalidad de detención que dispuso el tribunal. Baños defendió la prisión domiciliaria y sostuvo que las condiciones de salud de Álvarez justifican que no permanezca alojado en una unidad penitenciaria.
“Él es una persona enferma. Esto lo autoriza el artículo 10 del Código Penal”, afirmó. El abogado agregó que la defensa había solicitado ese régimen y que los fundamentos específicos de la decisión judicial se conocerán con la publicación de los argumentos completos de la sentencia.

También aseguró que el músico se encuentra bajo una internación psiquiátrica involuntaria y que se dispuso un sistema de monitoreo electrónico para controlar sus movimientos. Según Baños, esas medidas permiten neutralizar un eventual riesgo de fuga.
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Consultado sobre el consumo problemático de sustancias de Álvarez, el defensor lo vinculó con las dificultades que tuvo el músico para participar del juicio. Sostuvo que estuvo desconectado durante el proceso y describió su situación como una consecuencia de las adicciones.
En ese contexto, también se refirió a la capacidad del músico para desarrollar actividades artísticas. Ante una consulta por la grabación de una canción junto al español Leiva, Baños explicó que una persona puede conservar determinadas habilidades musicales pese a presentar dificultades en otras áreas de su funcionamiento cotidiano.
Para ilustrarlo, mencionó declaraciones de un productor que había participado del juicio y que, según relató, describió las dificultades de Álvarez para recordar cómo tocar la guitarra y la necesidad de corregirlo durante las grabaciones.
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Por último, el abogado cuestionó el pedido de 18 años y seis meses de prisión que había formulado la fiscalía y negó que la defensa estuviera conforme con la condena de 12 años. Insistió en que el fallo puede ser revisado y estimó que el recorrido judicial podría extenderse durante tres o cuatro años.
“Hasta que no haya una sentencia condenatoria firme, jurídicamente Pity es inocente”, concluyó.
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