
El capo narco de Rosario Esteban Lindor Alvarado, recluido hace años en Ezeiza donde purga prisión perpetua por un homicidio, lavado, narcotráfico, balaceras y extorsiones, volvió a sentarse en el banquillo de los acusados. Este viernes fue indagado por la Justicia federal por haber continuado al mando de su organización, que estuvo involucrada en al menos dos operaciones narco y en compra de bienes con dinero obtenido del delito.
Los fiscales federales Diego Iglesias, Matías Scilabra –de la Procunar–, Diego Velasco y Juan Argibay Molina –de la Procelac– acusaron a once personas por presunta asociación ilícita. Con Esteban Alvarado a la cabeza, ubicaron como posibles organizadores a su hijo Santino y a su abogado Claudio Tavella, ambos detenidos este jueves en allanamientos en el Gran Rosario. Casualmente, los dos eran las únicas visitas autorizadas del interno, por lo que se deduce que retransmitían constantemente sus mensajes.
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En la indagatoria realizada ante el juez federal Carlos Vera Barros también se imputó a una mujer como prestanombre de una casa que habría adquirido el jefe narco en Pilar, que ahora es objeto de un posible embargo.
El acto se hizo bajo el viejo código de procedimiento penal porque la causa se inició en 2023, en un desprendimiento investigativo de la fuga de Ezeiza que intentó hacer Esteban a través de un helicóptero. A partir de allí, se intervinieron múltiples líneas telefónicas y se hicieron vigilancias con drones y con personal especializado a la presunta estructura.
Esteban y Santino quedaron involucrados en una frustrada maniobra de contrabando de cocaína que tuvo lugar el 10 de marzo de 2024, cuando se incautó en Paraguay un Cessna 206 que trasladaba 433 kilos de cocaína desde Bolivia. Ese cargamento, según las intervenciones telefónicas, le generó una pérdida de medio millón de dólares al preso de Ezeiza.
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La operación de la droga fue coordinada entre padre e hijo Alvarado junto con otros dos peces gordos del narcotráfico: Brian Bilbao, quien fue detenido en noviembre de 2025 con 900 kilos de cocaína, y el condenado proveedor de estupefacientes Jorge Adalid Granier Ruiz, arrestado en 2023 en Brasil, quien continuó sus negocios ilícitos a través de su hijo.
Después de la pérdida del cargamento, Esteban exigió una “reposición” que se concretó al mes siguiente, cuando transportaron en un vuelo irregular 300 kilos de cocaína que fueron bajados en una pista clandestina del Gran Rosario. El pago por dicho procedimiento fue efectuado por María Fernanda Rojas, presunta mano derecha de Alvarado, quien se encuentra entre las 11 imputadas. El dinero fue entregado en mano a Bilbao en el barrio Belgrano de Rosario, en la zona noroeste, donde supo tener operatividad la estructura de Alvarado.
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A Santino Alvarado también le atribuyeron operaciones de lavado de activos por haber comprado entre julio de 2023 y septiembre de 2026 cuatro Hilux, un Vento, un Gol Trend, una Ranger Raptor, un Cronos, un Nivus, una Amarok V6, una SW4 y una Honda XRE 300 Rally.
Según las escuchas telefónicas que constan en el legajo, también ofreció pistolas, fusiles, granadas y ametralladoras, por lo que se deduce que se introdujo en el mercado negro de armas. En su casa de Funes, este jueves se incautaron una pistola calibre 9 milímetros, otra calibre .380 y una escopeta, pero tenía la documentación de todas, incluso de legítimo usuario.
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Santino se cree que también estuvo involucrado en la jefatura de la barra brava de Rosario Central después del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, ocurrido el 9 de noviembre de 2024, aunque posteriormente se detectó un distanciamiento suyo del resto de la cúpula de la banda de Los Menores, como es Matías Gazzani –el líder, que está prófugo–, Lisandro “Limón” Contreras y Ezequiel Riquelme, hijo de Francisco, el condenado jefe de la célula que operó para Esteban en el sector noroeste de Rosario.
Junto con Santino, los otros dos presuntos organizadores de la banda fueron el abogado Claudio Tavella –histórico defensor de Esteban– y María Fernanda Rojas, quien primero fue su empleada doméstica y luego su persona de confianza.
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Tavella ya había sido condenado en 2020 a 3 años de prisión por haber sido parte de la organización de su cliente. Aparentemente, nunca dejó de ser un integrante. Ahora, además, se le imputó una maniobra de lavado por poner a nombre de su madre un BMW 120i con dinero que se presume que es de Alvarado.
Debajo de los mencionados está el estamento operativo, el núcleo de confianza y logística de Santino. Está integrado, según la causa, por Gino “Tony” Cacciatore, que tiene un local de venta de partes de motos en barrio Echesortu, Ignacio Matías Aranda, Alexis Leonardo Valda, Julián Ignacio González y Jeremías Eloy “Chimy” Toloza.
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Cacciatore quedó involucrado como acompañante de Santino en viajes a Ezeiza, a Paraguay y en la compra de una pistola y cartuchos en una armería. Aranda, por su parte, quedó relacionado con el traslado de droga, armas y con el uso de un inmueble situado en un condominio de Funes que era usado para alojamiento temporario.
El domicilio de Alexis Valda, en la zona noroeste, era el epicentro de reuniones de la presunta estructura y también acompañó a Santino a viajes y trámites. Julián González viajó con el hijo del capo narco a España y Paraguay, y trasladó bolsas desde Funes que se cree que eran de dinero en efectivo para la adquisición de armas. Toloza también fue compañero de viaje del hijo del capo narco y usaba una SW4 suya bajo su titularidad, sirviendo de testaferro.
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De forma curiosa, en noviembre de 2024, Santino, González y Toloza viajaron a España. Se alojaron en un hotel de Sevilla y pusieron, llamativamente, el nombre de “Chimy” Ávila como el titular de la reserva.
La estadía fue abonada en efectivo y desde allí le quedó el apodo de “Chimy”. En ese momento, el delantero que actualmente está en Independiente jugaba en el Betis, en Sevilla.
Los últimos dos acusados fueron Luis Daniel Palavecino y Martín Fabio Castillo, quienes en enero de 2025 recibieron dinero de Santino para la compra de 4 kilos de marihuana en Córdoba, operación en la que ambos participaron al siguiente mes yendo de Rosario a Córdoba, negociando el precio –que resultó ser de 5.425 dólares– y pagando a la proveedora.
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