Condenaron a dos camioneros por contrabandear desde Bolivia 35 toneladas de un químico utilizado para elaborar cocaína

Dos conductores de nacionalidad boliviana recibieron penas de prisión tras ser hallados responsables por el intento de contrabando de más de 35 toneladas de acetato de etilo, un precursor químico sujeto a controles especiales por su posible uso en la elaboración de clorhidrato de cocaína. La maniobra fue detectada en marzo en el paso internacional de Aguas Blancas, en la provincia de Salta.

La carga estaba distribuida en 191 tambores y tenía como destino final la ciudad boliviana de Cochabamba, según la documentación comercial analizada durante la investigación. Sin embargo, los camiones llegaron a un puesto fronterizo distinto al autorizado y utilizaron papeles que, de acuerdo con la pesquisa, habían sido modificados para aparentar legalidad.

Según informó el portal de los fiscales, la jueza Marta Liliana Snopek, integrante del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta, homologó el 22 de octubre acuerdos plenos entre la Fiscalía y las Defensas. Como resultado, Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión.

Nina González y Puma García aceptaron la existencia del hecho investigado, su intervención y la calificación legal propuesta por la acusación. Ambos fueron considerados coautores de contrabando agravado de precursores químicos en grado de tentativa, con empleo de documentación adulterada.

La resolución incluyó el concurso ideal con el delito de ingreso en una zona de frontera sin la autorización correspondiente. También se ordenó el decomiso de los teléfonos celulares secuestrados y de la sustancia transportada. En el caso de Puma García, la medida alcanzó al tractor del camión y al semirremolque utilizados para trasladar el cargamento.

La investigación fue dirigida por el fiscal federal subrogante Marcos Romero, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, con la participación de la auxiliar fiscal Alejandra Morales Barberá y del investigador Francisco Mena.

El procedimiento que dio origen a la causa ocurrió el 16 de marzo de 2026, cuando efectivos de Gendarmería Nacional controlaron dos camiones de transporte internacional en el paso Aguas Blancas-Bermejo. Los vehículos pretendían salir de Argentina hacia Bolivia con 35.144 kilogramos de acetato de etilo.

El cargamento estaba repartido entre los dos rodados: uno llevaba 95 tambores y el otro, 96. La sustancia fue valuada en $ 167.608.459, de acuerdo con la información incorporada al expediente.

La documentación indicaba que el producto debía abandonar el país por el paso internacional de Salvador Mazza, en el norte salteño, antes de continuar hacia Bolivia. Los vehículos, no obstante, llegaron a Aguas Blancas después de atravesar rutas del norte y del litoral argentino.

Esa diferencia entre el itinerario habilitado y el recorrido efectuado fue una de las irregularidades detectadas durante el control. La verificación posterior ante el organismo competente permitió establecer que los dominios de los camiones tampoco estaban autorizados para la operación presentada por los choferes.

Los conductores entregaron documentación comercial, permisos del Registro Nacional de Precursores Químicos y una autorización de tránsito internacional. Sin embargo, el cotejo con los registros oficiales determinó que los papeles exhibidos no coincidían con los datos de la autorización emitida.

Según la investigación fiscal, se utilizó un documento con apariencia del sistema de Gestión Documental Electrónica para incluir las patentes de los vehículos que finalmente transportaban el acetato de etilo. La maniobra buscaba dar una cobertura formal a un traslado que no respetaba ni los camiones ni el punto de egreso autorizados.

A partir de esas inconsistencias, las autoridades dispusieron la detención de Nina González y Puma García, además del secuestro de la carga y de los vehículos. Un peritaje posterior de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina confirmó que la mercadería era acetato de etilo.

La sustancia había ingresado a Argentina desde Uruguay y su destino final estaba fijado en Bolivia. La operatoria comercial bajo análisis incluía a Melinor S.A., identificada como la primera firma transportista, y a la empresa Cooperativa Tarija del Sur SRL.

La documentación también consignaba como compradora a Southpac Corporation, una entidad con domicilio en Panamá. En tanto, la firma señalada como receptora final era Corporación Mathiesen S.A., radicada en Santa Cruz de la Sierra.

Durante la audiencia de control de la acusación, celebrada a fines de septiembre, la fiscalía expuso el recorrido de la pesquisa y las irregularidades detectadas. La información reunida permitió vincular la carga incautada con una estructura comercial que involucraba empresas de al menos tres países.

La causa incorporó además información obtenida mediante cooperación internacional. La Procuraduría de Narcocriminalidad articuló consultas con autoridades bolivianas a través de la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica, que integra la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

El intercambio con Bolivia permitió sumar documentación de una investigación que se desarrollaba en ese país. En ese expediente se habían realizado allanamientos en distintos depósitos de acetato de etilo, entre ellos uno situado en Cochabamba y asociado a la firma indicada como destinataria final de la carga interceptada en Salta.

Las medidas establecieron que ese lugar no contaba con habilitación para guardar sustancias químicas. Ese dato incrementó las sospechas sobre un posible desvío del precursor químico que había sido transportado desde Uruguay y que intentaba cruzar la frontera argentina.

Con la homologación de los acuerdos, quedaron firmes las condenas contra los dos choferes y el decomiso de los bienes secuestrados en el procedimiento. La investigación dejó documentada la utilización de permisos alterados y de un itinerario distinto al autorizado para movilizar una sustancia bajo fiscalización especial.