Una banda que operaba desde cárceles bonaerenses habría realizado cerca de 20.000 llamadas extorsivas para estafar a jubilados y pensionados de todo el país. La organización utilizaba identidades falsas, simulaba emergencias familiares y contaba con colaboradores fuera de los penales para concretar robos cuando los engaños telefónicos no daban resultado.
El fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional Temática de Instrucción y Juicio de Robos Calificados de Mar del Plata, detalló el funcionamiento de la estructura durante una entrevista en Infobae al Mediodía. La investigación comenzó en julio, a partir de dos hechos ocurridos en esa ciudad, y permitió identificar una red con conexiones en distintos puntos del país.
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Uno de los casos más graves fue el de una jubilada de 70 años que sufrió una entradera: los delincuentes la golpearon, le hicieron cortes en los dedos de los pies y le robaron $600.000. La causa también incluyó un intento de robo frustrado el 8 de julio.
Falsos policías y familiares para engañar a las víctimas
La organización utilizaba dos modalidades principales. En una, los delincuentes se hacían pasar por policías y advertían sobre un supuesto accidente de tránsito en el que un familiar había atropellado a una mujer embarazada. En la otra, recurrían a un falso operativo para cambiar dólares, vinculado con un anuncio presidencial.
En el primer caso, los estafadores le dijeron a una mujer que su hijo había protagonizado el accidente y le exigieron $16 millones. Para sostener la historia, uno de los involucrados simuló ser el familiar y otro se presentó como fiscal.
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“Le requerían la entrega de 16 millones de pesos y la obligaron no solamente a tener el teléfono fijo, sino también a que les dé el número de celular”, explicó Moyano.
La comunicación duró 33 minutos. Según reconstruyó el fiscal, la maniobra podía derivar en un robo presencial: cinco hombres llegaron en un vehículo al domicilio de la víctima y cuatro ingresaron a la vivienda, la redujeron y se llevaron dinero y otros bienes.
Las escuchas incorporadas a la investigación muestran cómo los sospechosos alternaban sus roles para sostener el engaño. En una de las llamadas, un hombre se presentó como el “subcomisario Gutiérrez” y pasó la comunicación a un cómplice que fingía ser un familiar de la persona contactada.
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La estrategia consistía en generar temor, obtener información y mantener a las víctimas bajo presión para conseguir dinero. Cuando no lograban concretar la estafa por teléfono, la organización podía recurrir a personas que actuaban fuera de las cárceles.
Casi 20.000 llamadas y una lista de jubilados
La pesquisa permitió establecer que los delincuentes no llamaban al azar. Los investigadores encontraron planillas de Excel con nombres y números telefónicos de potenciales víctimas, seleccionadas principalmente entre jubilados y pensionados.
“Estas planillas de Excel dan cuenta de que las personas seleccionadas resultaban ser jubilados y pensionados en todo el país”, afirmó Moyano.
La organización también distribuía los contactos por localidades. “Se selecciona la ciudad de Mar del Plata y ese día se hicieron 120 llamados a Mar del Plata”, ejemplificó el fiscal. La red también registró comunicaciones dirigidas a Rosario, Paraná, Neuquén, Bariloche, Río Gallegos y Ushuaia.
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El rastreo de las líneas telefónicas fue determinante para avanzar en la investigación. Una empresa prestadora informó sobre 5.400 llamadas asociadas a uno de los números investigados, cuyos registros activaban una antena ubicada en Lisandro Olmos, donde funciona un complejo penitenciario bonaerense.
La intervención de otra línea permitió detectar más de 5.000 comunicaciones en un período de 30 días. Según la reconstrucción presentada durante Infobae al Mediodía, el análisis permitió estimar que la banda habría realizado cerca de 20.000 llamadas entre marzo y octubre.
Los investigadores también detectaron el uso de 11 tarjetas SIM que los sospechosos intercambiaban en un mismo teléfono. La actividad, de acuerdo con los datos expuestos durante el programa, se concentraba de lunes a sábado, entre las 9 y las 17.
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Quiénes están bajo investigación
La pesquisa identificó como presunto jefe de la organización a Hugo “el Gitano” Miguel, de 62 años, detenido en la cárcel de Olmos y condenado a prisión perpetua por homicidio. También quedaron bajo investigación Franco Isaías Miguel, Jonathan Ezequiel Villalba, Alejandro Demetrio Rosales y Joel Hugo Aguirre.
Los procedimientos se realizaron el 22 de octubre y permitieron secuestrar ocho teléfonos celulares. Ahora, la fiscalía busca reconstruir el recorrido del dinero obtenido mediante las estafas y los robos, determinar cómo se distribuían los fondos e identificar a los colaboradores que operaban fuera de los establecimientos penitenciarios.
La hipótesis judicial contempla que la organización contaba con personas en distintas ciudades para recibir transferencias o ejecutar robos cuando las maniobras telefónicas no prosperaban. La posible participación de terceros en el funcionamiento del esquema es uno de los puntos que todavía debe esclarecerse.
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Moyano también señaló un aspecto de las escuchas que llamó la atención de los investigadores: la ausencia de otras voces en comunicaciones que, según indicó, se realizaban desde pabellones y celdas. Sin embargo, evitó sacar conclusiones sobre una eventual complicidad dentro del Servicio Penitenciario y sostuvo que la cuestión requiere profundizar la investigación.
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