La Cámara en lo Criminal y Correccional de Córdoba condenó a siete personas mayores de edad en una causa vinculada con la comercialización de estupefacientes en las ciudades de Jesús María, Alta Gracia y Córdoba. Las penas impuestas van de seis a siete años y seis meses de prisión.
La resolución judicial se relaciona con una investigación desarrollada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que durante 2024 realizó nueve allanamientos en distintos puntos de esas localidades. Los procedimientos derivaron en el secuestro de drogas, dinero en efectivo, un vehículo y elementos presuntamente usados para dividir sustancias ilícitas antes de su venta.
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Según la información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), las actuaciones permitieron desarticular una estructura dedicada a la venta de cocaína y marihuana.
La condena más extensa fue impuesta a Mario Alberto Villalba, sentenciado a siete años y seis meses de prisión. Detrás de esa pena, se ubicó la que recayó sobre Sergio David Gaitán, quien recibió seis años y siete meses.
También fue condenada Noelia Gisela Barraza a seis años y seis meses de prisión. En tanto, Elías Javier Villalba fue sentenciado a seis años y tres meses por los hechos investigados en la causa.
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El listado de condenados se completa con José Luis Contreras, Isaías Tomás Toloza y Ezequiel Alejandro Villalba. Los tres recibieron penas de seis años.
Las condenas fueron dictadas por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Córdoba en el marco de un proceso iniciado a partir de las tareas de investigación y los operativos ejecutados por la FPA.
Durante los operativos realizados, los investigadores incautaron cocaína y marihuana. Además, se secuestraron $1.577.450, un automóvil y diversos objetos relacionados con el fraccionamiento de sustancias, de acuerdo con los datos aportados sobre la causa.
A mediados del mes de agosto pasado, cinco integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo en la ciudad de Mina Clavero, también en la provincia de Córdoba, fueron condenados por la Cámara en lo Criminal y Correccional con sede en Villa Dolores.
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Los hechos tuvieron su punto de inflexión tras una serie de procedimientos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El caso comenzó a raíz de los allanamientos efectuados el 31 de agosto de 2024 en dos domicilios ubicados sobre calle Urquiza.
El operativo, que contó con la participación de efectivos especializados y recursos logísticos, permitió incautar una cantidad significativa de droga y elementos asociados a la actividad ilícita. Entre los objetos secuestrados, se hallaron 960 dosis de estupefacientes, semillas de cannabis sativa, un arma de fuego, municiones, una suma de $1.417.540, sustancia de corte y otros elementos relevantes para la investigación.
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La sentencia dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores recayó sobre cinco personas mayores de edad involucradas en el esquema criminal. Según se precisó en el dictamen, los condenados cumplían funciones diferenciadas dentro de la estructura, abarcando desde la provisión y fraccionamiento de la droga hasta la distribución mediante la modalidad de delivery en la zona céntrica de Mina Clavero.
El despliegue de aquel 31 de agosto fue resultado de una investigación previa llevada adelante por la FPA, que logró identificar los principales puntos de acopio y distribución del grupo. Los allanamientos simultáneos permitieron cortar de raíz la operatoria de la banda, considerada por las autoridades como una de las más activas en el microtráfico de cocaína y marihuana en la región.
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El tribunal, tras analizar los elementos de prueba reunidos durante el proceso, impuso distintas penas a los integrantes de la organización. Las condenas fueron las siguientes: César Iván Soria recibió ocho años de prisión, Enzo Marcos Magaldi Maggieri fue sentenciado a siete años y seis meses, Erik Iván Soria y Carlos Alberto Ventaloni recibieron penas de seis años cada uno, y Gabriela Isabel Molina fue condenada a cuatro años de prisión.
La Cámara en lo Criminal y Correccional determinó el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados en función de su participación comprobada en la cadena de distribución y comercialización de drogas.
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