
Marcos Herrero, el expolicía de Río Negro que acumula condenas por plantar pruebas y falsear investigaciones, tiene fecha para su próximo juicio oral: el 20 y 21 de mayo de 2027, el Tribunal Oral Criminal n°6 de San Martín lo juzgará por su actuación en el caso de Araceli Fulles, la joven asesinada en la localidad bonaerense de José León Suárez en 2017. La causa tiene un agravante que la distingue de las anteriores: las maniobras del imputado derivaron en la condena a prisión perpetua de tres personas que, con el tiempo, la Justicia reconoció como inocentes.
Los jueces Paola Carolina Mazzeo, María Inés Piñeiro Bertot y Javier Pablo Antonucci serán quienes conduzcan el debate oral y público. Frente a ellos, Herrero deberá responder por haber mentido y desviado la investigación del femicidio que sacudió a esa localidad hace ya nueve años.
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La historia de Herrero en los tribunales argentinos sigue un patrón que se repite: llegar a las causas como perito de parte —supuestamente para esclarecer lo que la Justicia no podía— y terminar inventando narrativas, plantando pruebas y señalando a personas que luego resultaron ajenas a los hechos, indicó La Brújula 24.
El caso Fulles, sin embargo, escala a otro nivel dentro de esa trayectoria. Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas fueron condenados a prisión perpetua como supuestos autores del crimen, en buena medida a partir de lo aportado por el imputado (luego fueron absueltos).
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Las pruebas que Herrero presentó siguieron la misma lógica que en causas anteriores: olores, papeles y una serie de objetos que atribuía a la víctima, muchos de ellos pertenecientes a su propia colección personal, entre los que figuraban ropa interior y efectos personales. La presión política y mediática que rodeó el caso hizo lo suyo: el tribunal de primera instancia condenó a los tres hombres tomando como eje central los llamados “positivos del perrólogo”, denominación con la que se conoce en el ámbito judicial a los resultados de las pericias caninas de Herrero. La fiscalía de San Martín señaló además que durante el juicio oral el imputado realizó declaraciones falsas y sostuvo diálogos directamente inventados, todo orientado a dirigir la condena hacia esos tres hombres.

Lo que siguió fue un proceso de revisión que tardó cinco años en llegar. La Cámara de Casación Penal, con el impulso del trabajo de la ONG Proyecto Inocencia, revisó la sentencia original y la anuló en términos categóricos, dejando asentado que había resultado grave y escandaloso que la primera instancia otorgara valor probatorio a ese tipo de evidencias, calificadas como carentes de toda base científica.
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El pedido de elevación a juicio contra Herrero, elaborado por la fiscalía de San Martín, detalló punto por punto los vicios que la Cámara identificó en la prueba de rastro canina: “ausencia de protocolo en la recolección de muestras odorológicas y en la cadena de custodia; falta de doble corroboración mediante dupla instructor-can independiente; omisión de respuesta a las objeciones defensivas relativas a la fiabilidad del can Alcón —propiedad particular del imputado, sin acreditación de capacidad bivalente—; y cuestionamientos a la idoneidad del guía por antecedentes penales por delitos de similar naturaleza”, según informó La Brújula 24. Como consecuencia de esa resolución, se ordenó remitir copias a efectos de investigar posibles delitos de acción pública, lo que dio origen al proceso que ahora desemboca en el debate de 2027.
No es la primera vez que Herrero llega a un tribunal con ese tipo de acusaciones. Ya carga con condenas en otras dos causas de enorme repercusión: la desaparición de Facundo Astudillo Castro, en Villarino, y el caso de Viviana Luna, en Mendoza. En ambos expedientes fue encontrado responsable de plantar pruebas y construir versiones que no resistieron el escrutinio judicial.
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La fiscalía que impulsó la elevación a juicio en el caso Fulles dejó planteada una pregunta que el expediente no termina de responder: si las declaraciones falsas y los diálogos inventados por Herrero surgieron de su propia iniciativa o si existió algún interés externo en cerrar la causa con imputados determinados.
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