
Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, fueron recluidas en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, después de ser expulsadas de Colombia y entregadas a las autoridades ecuatorianas. Las dos mujeres permanecían prófugas y son procesadas por presunto lavado de activos dentro del denominado caso Blanqueo Fito.
Su llegada a Ecuador ocurrió durante la noche del martes 29 de septiembre. Las mujeres fueron trasladadas desde Bogotá en una aeronave Learjet 31 que aterrizó cerca de las 23:00 en instalaciones policiales de Guayaquil. Descendieron esposadas y portando cascos y chalecos antibalas, mientras agentes fuertemente armados mantenían un perímetro de seguridad alrededor de la aeronave.
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En el sitio estuvieron el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila. Posteriormente, Peñarrieta y Macías fueron movilizadas bajo custodia hasta el Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 3, conocido como La Roca, donde quedaron recluidas, según informó El Universo este miércoles 30 de septiembre.
La captura ocurrió el domingo 27 de septiembre en Sabana de Torres, una localidad del departamento colombiano de Santander. El Ejército de Colombia informó que la operación fue ejecutada por unidades del Gaula Militar Chicamocha y la Quinta Brigada, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía colombiana, la Fiscalía de ese país, el FBI y autoridades ecuatorianas.
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Las dos mujeres eran requeridas por la justicia ecuatoriana y tenían notificaciones rojas de Interpol. Tras su detención, Colombia decidió aplicar un procedimiento de expulsión, lo que permitió su retorno a Ecuador sin esperar un proceso ordinario de extradición.
Reimberg señaló que durante la operación fueron recuperados teléfonos y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis. El funcionario también aseguró que las mujeres habían recibido protección de organizaciones armadas mientras permanecían en territorio colombiano. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado los resultados de las pericias sobre los equipos incautados.
El regreso modifica la situación procesal de ambas en Ecuador. Peñarrieta y Macías fueron vinculadas en septiembre de 2025 al caso Blanqueo Fito, una investigación iniciada por la Fiscalía a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas remitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
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Según la Fiscalía, la investigación comenzó en abril de 2024 y permitió identificar una estructura familiar y empresarial que presuntamente habría sido utilizada para introducir al sistema financiero recursos cuyo origen no habría podido justificarse. El organismo sostiene que entre 2016 y 2023 Peñarrieta y otra mujer identificada como pareja sentimental de Macías ingresaron conjuntamente más de USD 2 millones al sistema financiero de manera inusual e injustificada.

El expediente también incluye empresas y otros integrantes del círculo familiar del jefe de Los Choneros. Entre las sociedades investigadas consta Queenwater S.A., relacionada, según la acusación fiscal, con integrantes de la familia política de Macías.
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En marzo de 2026, una jueza llamó a juicio a 17 personas naturales y cuatro personas jurídicas por presunto lavado de activos. Entre los procesados constan alias “Fito”, su esposa y su hija. La Fiscalía ha estimado que el esquema investigado habría movilizado más de USD 25 millones, cifra que corresponde al conjunto de las operaciones examinadas y no a una cantidad atribuida individualmente a Peñarrieta o Macías.
Según información del expediente recogida por El Universo, los movimientos financieros y adquisiciones en efectivo relacionados con ambas mujeres sumarían aproximadamente USD 1,06 millones. La determinación de responsabilidades individuales corresponde, sin embargo, al proceso penal que deberá continuar ante los tribunales ecuatorianos.
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Una parte del caso ya llegó a sentencia. El 28 de mayo de 2026, un tribunal declaró culpables de lavado de activos a seis personas naturales y dos jurídicas. Cinco de los procesados recibieron penas de diez años de prisión y uno fue condenado a siete años. La Fiscalía informó entonces que en esa parte del expediente se acreditó el lavado de USD 17,3 millones entre 2016 y 2024.
Peñarrieta y Macías no estuvieron entre las personas sentenciadas. Debido a que el delito de lavado de activos no puede ser juzgado en ausencia bajo la legislación ecuatoriana, el procedimiento contra ambas permaneció suspendido mientras se encontraban fuera del país. Su captura permite ahora que el trámite judicial continúe.
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La situación contrasta con lo ocurrido en enero de 2024, cuando ambas fueron expulsadas de Argentina junto con otros integrantes de la familia de Macías. En aquella ocasión retornaron a Ecuador sin ser detenidas porque no existían órdenes judiciales vigentes en su contra.
Reimberg indicó tras su llegada que Estados Unidos no mantiene, hasta ahora, un requerimiento contra las dos mujeres. Por ello, permanecerán a disposición de la justicia ecuatoriana mientras avanza el proceso por presunto lavado de activos.
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