Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense fue detenido este miércoles en General Alvear tras más de dos meses de investigación que dejaron al descubierto una red de venta ilegal de opioides montada desde adentro del sistema de seguridad provincial.
El arrestado es Walter Olivera, empleado de la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), quien cayó en el marco de un operativo ordenado por la UFI N° 20 y el Juzgado de Garantías N° 3 de Azul. La investigación había arrancado el 17 de julio de 2026, cuando las autoridades detectaron movimientos irregulares de medicamentos controlados en la zona.
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Según supo Infobae, el trabajo de inteligencia policial permitió establecer que Olivera sustrajo el sello profesional de una doctora de apellido Raymundo y lo utilizó para confeccionar recetas falsas de Nalbufina, un opioide de uso exclusivamente hospitalario, que luego comercializaba de manera clandestina.
La maniobra, sostenida durante meses, consistía tanto en la falsificación de documentos médicos como en el manejo de una red de distribución local. Lo llamativo es que esa estructura es que no se limitaba solo a Olivera: Bárbara Suárez, su pareja, y el hijo menor de edad de ella también formarían parte del esquema, del que también participaban compradores y revendedores locales que adquirían el fármaco para consumo propio o para redistribuirlo en el circuito ilegal.
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Durante los procedimientos ejecutados este miércoles, personal de la dependencia policial secuestró una importante cantidad de ampollas de nalbufina y testosterona, además de jeringas descartables y teléfonos celulares que los implicados habrían usado para coordinar las transacciones. La causa ahora quedó a cargo de las autoridades judiciales de Azul.
Qué hacen la nalbufina y la testosterona
La nalbufina es un analgésico opioide sintético de uso estrictamente hospitalario, indicado para el alivio del dolor moderado a severo y como complemento en anestesias pre y postoperatorias.
La droga integra la familia de la morfina y el fentanilo. En este sentido, su uso fuera de contextos médicos controlados puede provocar depresión respiratoria, dependencia física y síntomas de abstinencia severos ante la interrupción abrupta del tratamiento. Por eso la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) regula su comercialización, que requiere receta médica.
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La testosterona secuestrada en el operativo responde a un circuito ilegal diferente. Se trata de una hormona con usos médicos legítimos —tratamiento del hipogonadismo masculino, impotencia y algunos tipos de cáncer— pero que fuera del ámbito clínico es ampliamente usada de manera ilícita en el mundo del deporte y el culturismo para aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento físico.
Su obtención en el mercado negro suele producirse mediante el desvío o robo de stock del mercado legal, exactamente el mecanismo que, según la investigación, empleó la banda desarticulada en General Alvear.
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