
La nueva detención de Lucía Sosa por la muerte de su hija Isabella, de 2 años, volvió a poner bajo la lupa un antecedente judicial que marcó su historia. Ocho años atrás, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata la absolvió junto a su entonces pareja, Héctor Javier Picart, en una causa iniciada tras la muerte de otra de sus hijas, Yazmín, de 11 meses.
Infobae accedió al fallo completo de aquella sentencia, dictada el 31 de agosto de 2018, en la que los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert explicaron por qué concluyeron que la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal no había podido ser acreditada.
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Según surge del fallo, la acusación sostenía que Sosa y Picart habían abusado sexualmente de su hija, “introduciéndole un objeto romo y rugoso por vía anal”, hipótesis que, de acuerdo con la fiscalía, había provocado la muerte de la bebé pocos días después.
Sin embargo, tras analizar la prueba producida durante el debate oral, el tribunal respondió de manera unánime que no estaba probada la existencia del hecho atribuido a los acusados.
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La autopsia, en el centro de la discusión
La mayor parte de la sentencia está dedicada al análisis de la autopsia practicada sobre Yazmín y a las conclusiones del médico forense que intervino en la investigación. Según el informe, determinadas lesiones externas y hallazgos en la zona anal eran compatibles con la hipótesis acusatoria sostenida durante la instrucción, que atribuía la muerte de la beba a un abuso sexual mediante la introducción de un objeto por vía anal.
Para el juez Sueyro, cuyo voto lideró el acuerdo, las conclusiones del autopsiante se apoyaban en premisas que no habían quedado demostradas durante el juicio. El magistrado sostuvo que distintas lesiones descriptas en el informe podían explicarse por las maniobras médicas realizadas durante la atención de urgencia y no necesariamente por un episodio previo. “Lo dicho hasta aquí demuestra que el médico partió de premisas equivocadas y se pronunció de esa manera cuando elaboró sus conclusiones. Las lesiones fueron causadas en el tratamiento médico; por consiguiente, resulta absolutamente falso que hayan resultado de un maltrato infantil”, sostuvo.
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La sentencia también valoró especialmente los testimonios de los médicos que atendieron a la niña en el Hospital Materno Infantil y los informes elaborados por especialistas de la Asesoría Pericial de La Plata, quienes contradijeron varios de los hallazgos descriptos en la autopsia. Esos peritos describieron las lesiones en la zona anal como compatibles con una “dermatitis del pañal”, frecuente y de origen bacteriano, y descartaron signos de trauma.

En diversos tramos del fallo, el tribunal subraya que la familia Picart-Sosa se encontraba bajo “alerta permanente” en el sistema de salud. La historia clínica de la niña fallecida detalla que, ante cada consulta médica, los profesionales consignaban un cuadro de “alto riesgo social”, independientemente del motivo de la asistencia. El expediente también reúne informes sociales y actuaciones de organismos de niñez que daban cuenta del seguimiento del grupo familiar.
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A pesar de ese contexto, el tribunal concluyó que no existía certeza para tener por acreditada la hipótesis de la acusación, y que la prueba incorporada al debate no permitía confirmar el mecanismo de muerte planteado por la fiscalía ni la existencia de abuso sexual. “No se ha probado el abuso sexual sostenido por el Ministerio Público Fiscal desde el inicio de la Investigación Penal Preparatoria”, escribió el juez Sueyro en su voto, al que luego adhirieron Mariana Irianni y Fabián Riquert.

La crítica al clima social y la presión mediática
Además de analizar la prueba, el TOC N° 3 dedicó un apartado de la sentencia al contexto que rodeó la investigación y el juicio. Los jueces advirtieron que, desde el inicio del expediente, los acusados quedaron expuestos a una fuerte condena social alimentada por versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales, muchas de ellas ajenas al hecho que finalmente llegó a debate.
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En su voto, el juez Juan Manuel Sueyro retomó un planteo formulado por la defensa y sostuvo que Lucía Sosa y Héctor Javier Picart “vinieron condenados al debate”. Según el fallo, durante el proceso circularon acusaciones sobre supuestas conductas ilícitas y patologías que no eran objeto del juicio, como venta de drogas, maltrato infantil generalizado, explotación sexual, síndrome de Munchausen e incluso la muerte de Candela, otra de sus hijas.
Para el magistrado, el debate oral permitió demostrar “la inexistencia del hecho” por el que habían sido acusados y cuestionó que muchas personas “dictaron su sentencia y la ejecutaron socialmente”, convencidas por opiniones y no por la prueba producida durante el juicio.
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La sentencia también hace referencia a las amenazas e insultos que, según el tribunal, recibieron tanto la defensora oficial como los acusados durante el proceso. En ese marco, Sueyro llamó a actuar con mayor responsabilidad al momento de opinar sobre causas penales y advirtió: “Corresponde que se les pida más prudencia y no dicten su sentencia con esa primera información que llega a través de los medios o las redes sociales, porque eso no es prueba sino opiniones que en muchos casos no se vuelcan de manera responsable”.

Una causa distinta
La nueva causa también volvió a poner el foco sobre el historial familiar de Lucía Sosa. Con el fallecimiento de Isabella, la mujer ya arrastra la muerte de tres de sus hijas: Candela de 6 meses, cuyo caso no fue juzgado en el expediente de 2018; Yazmín, de 11 meses, por cuya muerte fue absuelta junto a su entonces pareja Héctor Javier Picart; e Isabella, de 2 años, cuya muerte es ahora investigada por la Justicia.
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El caso se remonta al 21 de julio pasado, cuando Sosa llevó a Isabella Aguirre al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell. Según declaró, la niña se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. Sin embargo, la autopsia estableció que la causa de la muerte fue una asfixia obstructiva, que provocó una severa hipoxemia y derivó en un paro cardiorrespiratorio.
Pese a las maniobras de reanimación realizadas durante unos 40 minutos, el equipo médico no logró revertir el cuadro. A partir de los resultados preliminares de la autopsia, la fiscalía descartó que se tratara de una broncoaspiración como había referido la madre y orientó la investigación hacia la hipótesis de un posible homicidio. En ese contexto, Sosa fue detenida e imputada por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.
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Mientras tanto, el fiscal Juan Pablo Calderón continúa reuniendo pruebas para reconstruir las horas previas al fallecimiento. Entre las medidas previstas, este miércoles declarará como testigo Lucas Ruiz uno de los hijos biológicos de Sosa, cuyo testimonio es considerado de interés para el avance de la causa. Días atrás, el joven de 17 años responsabilizó públicamente a su madre por la muerte de sus hermanas y pidió que permaneciera“presa o en un psiquiátrico”.
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