
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una nueva extensión del régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Con esta decisión, el Órgano Legislativo sumó la prórroga número 53 a una medida que ha transformado la vida pública salvadoreña y que sigue generando controversia a nivel nacional e internacional. La iniciativa contó con el respaldo de la mayoría oficialista liderada por el partido Nuevas Ideas.
El régimen de excepción suspende garantías constitucionales, entre ellas la libertad de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y el derecho a la defensa.
Desde el inicio de esta estrategia las fuerzas de seguridad han realizado más de 92 mil detenciones de personas vinculadas, según el Gobierno, a estructuras de pandillas.
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El Ejecutivo sostiene que la medida ha permitido una reducción histórica en los índices de homicidios y extorsiones en todo el territorio salvadoreño.
La aprobación de la nueva extensión, con 57 votos a favor, se realizó en el pleno de la Asamblea Legislativa en San Salvador.
Los legisladores del bloque oficialista defendieron la continuidad de la política argumentando que es necesario mantener activas estas medidas para evitar que las organizaciones criminales puedan volver a operar en el país.
Según cifras presentadas por los diputados en diferentes ocasiones, la tasa de homicidios en El Salvador ha caído a niveles mínimos en comparación con años previos a la medida.
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“Que nunca olvidemos las fronteras invisibles. Nuestros jóvenes obligados a escoger entre huir o unirse a una pandilla. Ahora nuestro compromiso como diputados es fortalecer esa paz y fortalecer el Estado de Derecho, y que las nuevas generaciones conozcan ese pasado por los libros de historia, nunca por experiencia propia”, dijo el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, durante la sesión plenaria.

Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado que bajo el régimen se han registrado detenciones arbitrarias, desapariciones y muertes bajo custodia policial. El Ejecutivo, sin embargo, asegura que todas las acciones se realizan en el marco de la ley y que los casos de abusos se investigan de manera interna en las instituciones pertinentes.
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Para el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, no se debe perder de vista el país “que nos heredaron los gobiernos anteriores”. Mencionó que los diputados están comprometido en seguir legislando en favor de todos los salvadoreños, “para que esas transformaciones de país continúen”, dando “herramientas a niñas, niños y jóvenes de El Salvador”, permitiendo que tengan educación de calidad, escuelas renovadas y que no se pierda una generación más por causa de la delincuencia e inseguridad.
A nivel nacional, la respuesta social al régimen se encuentra dividida. Sectores empresariales y muchas familias han manifestado que la estrategia permite recuperar espacios públicos y reactivar la economía local en comunidades previamente controladas por grupos criminales.
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Por otro lado, víctimas de detenciones injustificadas, así como abogados defensores y organizaciones no gubernamentales, señalan que la suspensión prolongada de derechos fundamentales ha generado un clima de temor y vulnerabilidad jurídica.
El régimen de excepción fue decretado inicialmente en marzo de 2022, tras una escalada de homicidios atribuida a la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las dos principales pandillas que han operado en el país. Desde entonces, la medida se ha renovado de forma mensual, un hecho que ha convertido a El Salvador en uno de los países con mayor restricción de libertades civiles en la región.
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La prórroga aprobada este martes se produce en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la percepción de seguridad para seguir impulsando diversos proyectos. El oficialismo ha reiterado en diferentes ocasiones que la estrategia continuará “el tiempo que sea necesario” para garantizar la seguridad y el orden público.
La aprobación de la prórroga número 53 del régimen de excepción mantiene vigente un marco legal que ha modificado profundamente la estructura institucional salvadoreña y que sigue bajo la observación atenta de la comunidad internacional.
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