Un mecánico de 50 años con antecedentes penales recibió una condena a dos años y ocho meses de prisión efectiva por defraudar a seis comercios de Santa Rosa, provincia de La Pampa, por un monto total de 12 millones de pesos.
El acusado utilizaba cheques adulterados, robados o pertenecientes a terceros para pagar sus compras de herramientas, neumáticos y otros artículos. La sentencia fue dictada por la jueza de Control que homologó un acuerdo de juicio abreviado, a partir de una causa impulsada por el fiscal general Guillermo Sancho, con el acuerdo de la defensora oficial Paula Arrigone y la conformidad del propio imputado.
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Según informó El Diario de La Pampa, Miguel Ángel Hernández fue hallado autor material y penalmente responsable de seis hechos de estafa en concurso real con uso y falsificación de documento privado.
El modus operandi de Hernández era claro. El esquema lo ejecutó entre enero y mayo de este año donde se presentaba en negocios de la capital pampeana —rubros como neumáticos, herramientas, materiales eléctricos y viveros—, realizaba compras de valor elevado y pagaba con cheques apócrifos. En varios casos, los comerciantes le entregaban la diferencia en efectivo en concepto de vuelto.
El primer hecho documentado ocurrió a principio de año, en una gomería, donde Hernández compró cuatro cubiertas por $968.000, entregó un cheque del Banco Nación robado por $1.600.000 y se llevó $632.000 en efectivo como diferencia, de acuerdo con el mismo portal.
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A fines de marzo, otra gomería fue víctima de este accionar. Allí, adquirió seis neumáticos de camión con un cheque del Banco Galicia por $3.200.000, perteneciente a un tercero de la localidad bonaerense de Lincoln. Desde entonces, no paró. En abril, se apoderó de compresores, amoladoras, taladros e indumentaria de trabajo en un negocio de herramientas con un cheque de $3.500.000 a nombre de una empresa agropecuaria.
En mayo, la secuencia continuó en un vivero, donde abonó $1.712.586 con un cheque adulterado de $2.500.000 y retiró $787.414 en efectivo. A los pocos días fue a otro negocio de herramientas y compró equipos por $1.099.220 con un cheque de $2.000.000 y se llevó $765.663 de vuelto. El último hecho registrado fue en un local de materiales eléctricos, donde obtuvo herramientas, una hidrolavadora y una aspiradora por $1.543.500 con un cheque de $3.000.000, dejando el saldo restante a cuenta para futuras transacciones.
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La sentencia tuvo lugar este miércoles y también resolvió la devolución definitiva a Hernández de un vehículo Volkswagen Suran que permanecía secuestrado en el marco de la investigación, el cual deberá ser retirado por una persona autorizada, según precisó El Diario de La Pampa.
Otro caso igual en el conurbano bonaerense
El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló a fines de mayo una banda dedicada a la falsificación y distribución de billetes apócrifos en pesos y dólares que operaba en la zona norte del conurbano bonaerense y en localidades del interior del país. El operativo culminó con cinco allanamientos y la detención de seis personas —cuatro hombres y dos mujeres— señaladas como integrantes, distribuidores y pasadores de la organización.
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La investigación se inició en abril de 2025 a partir de la detención de una mujer en Vicente López, que había utilizado billetes falsos de $20.000 para realizar compras en comercios de esa localidad y de San Isidro. El caso quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín, a cargo del juez Emiliano Canicoba, que delegó la causa en la División Falsificación de Moneda de la PFA.
A lo largo de la investigación, los detectives del Departamento de Delitos Económicos identificaron a los integrantes de la banda, sus roles y su circuito de distribución. La organización colocaba dinero falso en comercios del norte bonaerense y vendía productos electrónicos a través de plataformas digitales, donde los compradores recibían billetes apócrifos como parte de las transacciones. En los allanamientos se secuestraron billetes falsificados en pesos y dólares estadounidenses, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la causa.
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Tras las declaraciones indagatorias, la Justicia ordenó el traslado de los seis detenidos al Servicio Penitenciario Federal, con lo que se dio por cerrada la etapa de investigación judicial.
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