La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza homologó la condena a 4 años y 8 meses de prisión contra la extitular del Registro Civil de la localidad sanjuanina de Pocito, acusada de integrar una asociación ilícita que emitía documentos nacionales de identidad apócrifos para concretar estafas mediante la obtención de créditos y la compra de bienes que luego eran comercializados. También fue condenada por el delito de violación de los deberes de funcionaria pública.
Se trata de Natalia Lorena Castillo, a quien le secuestraron en su domicilio un total de 197 DNI realizados con material auténtico, a nombre de personas reales, pero con los datos biométricos de otras personas. La pesquisa determinó que el perjuicio económico fue superior a los 142 millones de pesos.
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Otros 4 integrantes de la organización recibieron penas entre 3 y 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que un sexto imputado obtuvo una pena de ejecución condicional.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan
En tanto, las condenas fueron homologadas por el juez con funciones de revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Cursi.
La investigación
El jefe de la organización fue identificado como Rolando Javier Navarro Saide, con la colaboración de Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba, Marcelo Omar Cardozo, Natalia Castillo y Marcos Vallejo.
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El caso comenzó a partir de una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por una persona residente en la provincia de Buenos Aires. En su planteo advirtió que habían usado un DNI a su nombre para solicitar préstamos y realizar operaciones comerciales con sus datos. Sin embargo, la fotografía y huellas dactilares eran ajenas.
Las primeras pesquisas permitieron vincular las maniobras con la sede Pocito del Registro Civil, con la posible participación de personal del organismo en la emisión irregular de documentos oficiales.
A raíz de los allanamientos y el secuestro de prueba documental y digital, la Unidad Fiscal San Juan logró reconstruir el funcionamiento de la organización liderada por Navarro Saide.
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La maniobra consistía en reclutar personas que aportaban sus datos biométricos para confeccionar DNI falsos. Luego, con esa documentación, se gestionaban créditos y se adquirían bienes, especialmente electrodomésticos, que posteriormente eran vendidos en el mercado informal.
De acuerdo a las actuaciones, Castillo aprovechó su condición de funcionaria pública y del uso de claves de acceso al sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para facilitar la carga de datos filiatorios auténticos de las víctimas, pero incorporando las huellas dactilares y fotografías de las personas enviadas por la organización.
De ese modo, se emitieron documentos materialmente auténticos por provenir de un organismo oficial, aunque ideológicamente falsos porque los datos biométricos no correspondían con sus verdaderos titulares.
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Si bien los sistemas de control del RENAPER detectaron inconsistencias y bloquearon 18 trámites, la organización ya había concretado al menos cinco emisiones de documentos que sirvieron para solicitar créditos y efectuar compras tanto de manera presencial como virtual.
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