Fiscalía de Bolivia pide seis meses de prisión preventiva para uno de los líderes de los bloqueos

La Fiscalía de Bolivia presentó una imputación contra el dirigente de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, acusado de ser uno de los impulsores de los bloqueos de caminos que paralizaron el país por casi 50 días en protesta contra el Gobierno.

El Ministerio Público solicitó seis meses de reclusión preventiva en el penal de San Pedro en La Paz. “Esta medida cautelar requerida es idónea, necesaria, proporcional para garantizar la presencia del encausado en los actos investigativos a realizarse en la etapa preparatoria”, señala un documento de imputación difundido por medios locales.

Salazar, que fue detenido el sábado en la ciudad de El Alto, está acusado de la comisión de cinco delitos: instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

La defensa del dirigente campesino informó que presentó una acción de libertad a favor con el argumento de que no se cumplieron las formalidades establecidas por la ley durante su arresto. Según un informe del Ministerio de Gobierno (Interior), el operativo de aprehensión se realizó aproximadamente a las 13:00 cuando la Policía interceptó una camioneta en la que se encontraba Salazar.

El dirigente fue posteriormente trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde pasó dos noches y este lunes espera que se realice su audiencia de medidas cautelares.

Bolivia atravesó casi 50 días de bloqueos de caminos organizados por sectores sociales que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, acusado de traición y de gobernar en contra de los intereses de las mayorías.

La medida de presión fue iniciada el 6 de mayo por los campesinos de La Paz, bajo el liderazgo de Salazar, y luego se sumaron la Central Obrera Boliviana (COB) y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), entre otras organizaciones.

Luego de casi siete semanas de bloqueos, el Gobierno logró un acuerdo con la COB para levantar los piquetes y dictó un estado de excepción que provocó el repliegue de los demás sectores movilizados.

Tras darse a conocer el arresto de Salazar, actores políticos pidieron la aprehensión de otros dirigentes acusados de instigar las protestas. Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz —organización que aglutina varias instituciones y que en los últimos años encabezó la oposición a los gobiernos del MAS— anunció que presentaron acciones legales para que, además de Salazar, se investigue al expresidente Morales y a Mario Argollo, líder de la COB, por promover los cortes de ruta.

“Ellos han liderado este movimiento de destrucción y alzamiento contra el Estado”, denunció Zambrana en una rueda de prensa en La Paz. “No estamos pidiendo cacería de brujas ni revanchismo, sino responsables y una Justicia que actúe”, agregó.

El prolongado conflicto social ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos de primera necesidad en algunas ciudades y dejó al menos 14 fallecidos —algunos de los cuales perdieron la vida por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos—, además de pérdidas económicas por cerca de 3.000 millones de dólares.

Ante los crecientes pedidos de sanción contra los promotores de la protesta, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que se están haciendo las investigaciones para “dar con los culpables de estos delitos”, incluyendo al expresidente Morales. “O sea, todos los que tienen que rendir cuentas a la justicia tienen que estar sin excepción alguna”, manifestó en Radio Panamericana.