La policía de Córdoba detuvo este jueves a un joven de 21 años, hermanastro de Tomás Orihuela, quien fue encontrado muerto en una comisaría. En el marco de una investigación por los incidentes ocurridos días después del fallecimiento, el arresto se produjo en la zona de Camino a 60 Cuadras, tras un operativo a cargo de la Patrulla Rural. El joven tenía un pedido de captura vigente por su presunta participación en el ataque a un efectivo policial, ocurrido durante los disturbios en el barrio Bajo Pueyrredón.
El escenario de los disturbios se remonta a los días posteriores al fallecimiento de Tomás Orihuela: el joven de 19 años falleció el 27 de abril tras ser arrestado y trasladado a la Comisaría Sexta de barrio General Paz. En ese marco, la justicia imputó a seis efectivos de la Policía de Córdoba por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo en el marco de la investigación por su muerte.
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La muerte de Tomás Orihuela desató una fuerte reacción social en el barrio Bajo Pueyrredón, donde se sucedieron protestas y enfrentamientos entre vecinos y fuerzas de seguridad. En ese contexto de tensión, este jueves, un agente del Grupo Especial de Operaciones Territoriales resultó herido de bala en una pierna, episodio que derivó en la apertura de una causa.
El Doce precisó que varios operativos realizados en la capital de Córdoba terminaron con detenciones y secuestro de elementos vinculados a estos incidentes. Entre los arrestados figuran familiares directos de Tomás, incluido un hermano, detenido el 22 de mayo, y ahora el hermanastro, cuya detención vuelve a poner en evidencia la conflictividad persistente en el entorno familiar y barrial.
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La muerte de Tomás Orihuela
El diagnóstico médico inicial apuntó a un cuadro neurológico irreversible, aunque la autopsia posterior reveló también complicaciones pulmonares y renales, datos que no coinciden con la hipótesis inicial de suicidio sostenida por el Ministerio de Seguridad. El fiscal Andrés Godoy, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 8, precisó que las imputaciones refieren tanto a la detención irregular de Orihuela como al desenlace fatal dentro de la dependencia policial.
Una agente permanece detenida, mientras que el resto de los efectivos imputados podrían quedar sujetos a nuevas medidas procesales en el avance de la causa. Además, se dispuso el secuestro de los teléfonos celulares de los agentes para esclarecer las comunicaciones y los procedimientos internos de aquella noche.
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La versión oficial afirmó que Orihuela se quitó la vida en la celda utilizando un buzo, pero su familia nunca aceptó esa explicación. “Tomás no era depresivo y no consumía alcohol ni drogas”, declaró su hermana Mariana. El joven había sido arrestado en dos oportunidades en menos de 48 horas: una por presunta estafa vinculada a la venta de celulares y otra por robo y violación de domicilio, aunque los pedidos de captura ya estaban vencidos según la información judicial.
El impacto social del caso Orihuela se manifestó también en el multitudinario velorio realizado el 30 de abril. Una caravana de motos acompañó la despedida del joven, y cuatro familiares —dos hermanos y dos primos— actualmente alojados en los penales de Bouwer y Cruz del Eje, recibieron autorización judicial para asistir al cortejo bajo custodia policial.
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La investigación principal sobre la muerte de Tomás Orihuela continúa bajo directivas judiciales, mientras la comunidad y los allegados mantienen el reclamo de verdad y justicia. Aunque no se sabe los motivos del disparo ni si guarda relación directa con la investigación sobre la muerte de Orihuela, su impacto vuelve a centrar la mirada pública sobre la actuación policial y el entorno social de la familia.
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