Por las amenazas de muerte contra la familia de Ángel Di María, condenaron a una mujer en Rosario

Una mujer fue condenada a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por su participación en el ataque contra la familia del futbolista Ángel Di María en Santa Fe, ocurrido en marzo de 2024.

El episodio tuvo lugar en un contexto de violencia extrema en diferentes puntos de la ciudad y fue una de las tantas advertencias que la estrella de la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022 recibió antes de regresar a Rosario Central. En aquel ataque, se registraron al menos cuatro disparos en el barrio privado Funes Hills Miraflores y una nota intimidatoria contra la familia del futbolista. “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, apuntaron en el texto.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que un vehículo en movimiento arrojó el paquete con la nota intimidatoria. El personal de seguridad dio aviso a la Policía de Santa Fe y poco después difundieron un comunicado —firmado por el jefe de seguridad de la urbanización— en donde explicaron que el texto estaba en un nylon negro y que se escucharon “cuatro detonaciones”.

Este lunes, el juez de Primera Instancia, Lisandro Artacho, decidió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia, en el Centro de Justicia Penal, aceptado por la Defensa y convalidado por las partes.

Sara Gutiérrez fue hallada culpable de los delitos de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma y por ser anónimas, en concurso ideal con intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego, y en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, todos en calidad de coautora, según detalló el MPA. En el texto publicado por Fiscaliareg. Segunda, la señalan por “haber organizado y planificado la amenaza hacia la familia del jugador de fútbol, la cual consistió por parte de personas que ellos encomendaron, en realizar disparos de arma de fuego contra un country, domicilio donde las víctimas residen en la localidad de Funes, y arrojar una nota intimidatoria”.

De acuerdo con la acusación sostenida por la fiscal Paula Barros, el hecho se inscribió en una disputa entre facciones de la barra brava de Newell’s Old Boys de Rosario. Según explicaron en una publicación de la Fiscalía, la trama comenzó cuando un integrante identificado como A.N.F. encargó a S.G.D.V. la ejecución del ilícito, quien a su vez contrató a personas de su confianza para llevarlo a cabo. Así, en la madrugada del 25 de marzo de 2024, a la 1:30, Gutiérrez y el identificado como P.A. se trasladaron a bordo de un Renault Megane gris hasta la avenida Fuerza Aérea al 4200 de Funes, frente al country donde reside la familia del jugador y procedieron con los ataques.

Ese mismo día, un colectivero de la empresa Movi en la zona noroeste de ciudad halló una amenaza en el galpón de la firma cuando se disponía a tomar servicio para comenzar su recorrido en la línea 153. El cartel decía: “Hoy uno menos con la mafia zona oeste”. El episodio remitió de forma directa al asesinato a sangre fría de Marcos Iván Daloia, el chofer baleado semanas antes cuando conducía el vehículo en la ciudad.

La funcionaria sostuvo ante el tribunal que la acción de la acusada y el resto de los involucrados también apuntó a infundir temor en la población, algo que quedó evidenciado en la elección de la víctima, en la mención al gobernador de Santa Fe en la nota intimidatoria y en el clima de violencia que atravesaba Rosario.

Tres días después del ataque al country —a las 5.30 del 27 de marzo de 2024—, personal policial ejecutó una orden de allanamiento en un domicilio de la calle Moreno al 900 de Rosario, donde Gutiérrez y P.A. se ocultaban. En el armario de la habitación que ambos compartían encontraron un arma de fuego marca Bersa, modelo 62, calibre 22, con munición en recámara y un cargador con dos proyectiles, hecho que derivó en la imputación por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, según especificó el MPA.