Un camionero fue condenado por intentar sobornar a un policía durante un control policial en Chubut

Un camionero de Puerto Madryn fue condenado a un año de prisión en suspenso tras admitir que intentó sobornar a un efectivo de la Policía de Chubut en el marco de un control vehicular efectuado en la ciudad de Rawson. El episodio, que tuvo lugar el 28 de agosto de 2025, involucró el ofrecimiento de 300.000 pesos al personal policial con el objetivo de evitar una infracción y el secuestro de la mercadería transportada, compuesta por frutas, verduras, electrodomésticos y sustancias químicas.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de la calle Patagonia, frente al número catastral 1353, donde un camión y dos camionetas —una Mercedes Benz y una Toyota HIACE— se encontraban estacionados en forma irregular, obstruyendo la circulación del tránsito. Los agentes que patrullaban la zona, la sargenta Natalia Benito y el cabo primero Hugo Ezequiel Maldonado, constataron que varias personas realizaban el trasbordo de mercadería desde el camión hacia las camionetas.

Durante la inspección, advirtieron la presencia de alimentos junto a otros productos como electrodomésticos y sustancias químicas, una práctica prohibida por la normativa vigente. Ante la irregularidad detectada, el personal policial solicitó la intervención del área de Bromatología de la Municipalidad de Rawson para que evaluara la situación sanitaria derivada del transporte conjunto de alimentos y sustancias químicas.

Mientras se desarrollaba el procedimiento y se requería la documentación correspondiente a los responsables de los vehículos, Nicolás Flores Orquezo, el conductor de la Toyota HIACE, se acercó al cabo primero Maldonado y, en voz baja, le ofreció dinero para evitar las sanciones. “Yo le doy una plata para que me deje ir, yo sé que estoy en falta, yo le doy unos 300.000 pesos para que me deje ir”, consta en el expediente judicial. El efectivo rechazó la propuesta y procedió a labrar el acta de infracción.

La denuncia fue formalizada por los propios agentes intervinientes, quienes presentaron los elementos probatorios ante la fiscalía. El caso quedó bajo la órbita del fiscal general Leonardo Cheuquemán, la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo y la procuradora fiscal Janet Davies, según precisó el Ministerio Público Fiscal de Chubut. La figura penal aplicada fue la de cohecho activo, que sanciona el intento de soborno a funcionarios públicos.

El proceso judicial avanzó mediante la modalidad de juicio abreviado, mecanismo que permite al imputado reconocer su responsabilidad y alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, evitando así la instancia de un juicio oral y público. La jueza de garantías Eve Ponce intervino en la homologación del acuerdo, que incluyó la pena de un año de prisión en suspenso y la obligatoriedad de cumplir pautas de conducta durante ese período. La magistrada contó con un plazo legal de cinco días para emitir la resolución definitiva.

El episodio puso de relieve la vigencia de los controles sobre el transporte de productos alimenticios y la fiscalización del cumplimiento de las normas sanitarias y de tránsito en la provincia de Chubut. La administración pública resultó señalada como la principal perjudicada por el accionar delictivo, en la medida que la conducta del imputado atentó contra la integridad y la transparencia del ejercicio de la función pública.

El juicio abreviado fue posible porque la expectativa de pena no superaba los diez años de prisión y el acusado admitió los hechos atribuidos. El caso finalizó con la condena del transportista, quien deberá cumplir restricciones y pautas de conducta durante el año que dura la suspensión de la pena. El expediente quedó asentado en la jurisdicción de Rawson, con intervención de la fiscalía y la magistratura local.

La causa también puso en foco la intervención de las autoridades municipales, que debieron evaluar las condiciones del transporte y el destino de los productos involucrados. La actuación coordinada entre las fuerzas de seguridad y los organismos de control sanitario permitió documentar la infracción y dejar constancia de las irregularidades detectadas en el procedimiento.