Walter Alfredo Ayala y Alejandra Beatriz Galván tenían antecedentes por trata. Incluso años atrás recibieron una condena que los llevó a estar presos en la Unidad N°1 del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza, en Tucumán.
Pero ni la prisión impidió que continuaran con el mismo delito: desde el encierro siguieron manejando una red de explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social. Lo hicieron entre diciembre de 2021 y abril de 2023.
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La maniobra fue descubierta y la pareja volvió a enfrentar a la Justicia, que recientemente los sentenció otra vez. Según informó el Ministerio Público Fiscal a través del sitio fiscales.gob.ar, la condena fue de 12 años de prisión para Ayala y de 8 años para Galván, tras un juicio abreviado en el que admitieron los hechos.
El tribunal también dispuso que paguen una reparación integral de $130.048.548,04 a las ocho víctimas, suma calculada por la ganancia ilícita, el lucro cesante y el daño moral, con intervención de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
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La jueza Carina Farías, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, los declaró reincidentes. En el proceso intervino la Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán, a cargo del fiscal general subrogante Pablo Camuña, junto a los auxiliares fiscales Daniel Weisemberg y Lucía Doz Costa.
El acuerdo entre la fiscalía y las defensas tuvo la conformidad de la Fundación María de los Ángeles y de una de las víctimas, representada por un defensor oficial. Las damnificadas siguieron la audiencia de forma remota y contaron con asistencia e información sobre el alcance del acuerdo a través de la Dirección Provincial de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas.
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El acuerdo entre la fiscalía y las defensas tuvo la conformidad de la Fundación María de los Ángeles y de una de las víctimas, representada por un defensor oficial. Las damnificadas siguieron la audiencia de forma remota y contaron con asistencia e información sobre el alcance del acuerdo a través de la Dirección Provincial de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas.
La investigación demostró que Ayala daba órdenes desde la cárcel usando teléfonos celulares no autorizados. Mantenía contacto con las víctimas y con Galván, quien era su cómplice fuera del penal.
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El proxeneta organizaba horarios, turnos, precios y la distribución de mujeres en departamentos de San Miguel de Tucumán. También controlaba los anuncios en el sitio Skokka, decidía los nombres falsos para las víctimas y revisaba las fotos y videos que se usaban para promocionar los servicios.
Desde la cárcel, además, él manejaba las cuentas virtuales y los movimientos de dinero. Utilizaban terminales electrónicas de cobro, cuentas digitales y distintas billeteras virtuales para administrar el dinero. Al allanar su celda se hallaron y secuestraron varios celulares, registros de recaudación y papeles con anotaciones de nombres y teléfonos.
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Galván, por su parte, se encargaba de controlar los departamentos, supervisar a las víctimas, tomar las fotos y videos para los anuncios y manejar el ingreso y egreso de mujeres en los inmuebles.
Además, recaudaba el dinero en efectivo y coordinaba los reemplazos en los distintos departamentos utilizados para la explotación.
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Durante la investigación también se descubrió que, en algunos casos, Ayala exigía a las víctimas que le enviaran fotos y videos de contenido sexual y que hicieran videollamadas para él, aprovechando su situación de subordinación.
Ya en agosto de 2019, Ayala había sido condenado a 12 años y Galván a 5 por captar, trasladar y explotar sexualmente al menos a cinco mujeres en dos prostíbulos de Tucumán. Ese caso incluyó agravantes porque una de las víctimas era menor de edad y estaba embarazada.
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En aquella sentencia, el tribunal también ordenó el decomiso del dinero incautado y la devolución de objetos secuestrados para las víctimas.
En ambos procesos, intervino la Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y la Fundación María de los Ángeles como querellante.
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