Juzgarán a cuatro policías de Tucumán por secuestrar a un joven y cobrar una gran suma de dinero por su rescate

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán resolvió elevar a juicio la causa contra cuatro policías provinciales de la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital, imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado. Los acusados fueron denunciados en febrero de 2024 por presuntamente haber privado de la libertad a un joven y exigido dinero a sus familiares para su liberación.

El avance del proceso fue dispuesto por el juez José Manuel Díaz Vélez, luego de que el fiscal federal Agustín Chit presentara el requerimiento. De esta manera, el oficial principal Ángel Sebastián Gómez (38), el cabo primero Sergio Daniel Díaz (49), el comisario jefe de la Zona III Gustavo Ezequiel Morales (51) y el agente Franco Javier Jiménez (39) serán juzgados por los hechos ocurridos el 23 de febrero de 2024 en el barrio privado Portal del Parque, ubicado en la capital tucumana.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, con instrucción a cargo de Fernando Barrientos y la auxiliar fiscal Julia Vitar, quienes establecieron que el joven de 28 años fue captado bajo engaño y reducido violentamente por los policías.

Según la reconstrucción brindada por el sitio Fiscales, el día del hecho, los acusados lo trasladaron en un automóvil Renault Megane hasta la dependencia policial de la Zona III. Allí, la víctima permaneció cautiva, fue golpeada, forzada a desnudarse y fotografiada, mientras se ejercía violencia física y psicológica. También se identificó como participante a un civil, que se encuentra imputado en la causa.

Mientras el hombre permanecía en cautiverio, parte del grupo se dirigió nuevamente al domicilio de la víctima, donde contactaron a su hermano y obtuvieron el número telefónico de la madre. Por medio de llamadas, los secuestradores exigieron $240.000 para liberar al joven y lo vincularon con maniobras de narcotráfico, asegurando que sería liberado si se realizaba el pago.

De esta manera, la madre de la víctima fue citada a la dependencia policial, donde pudo ver a su hijo retenido y negociar con los captores. Tras entregar la suma exigida durante la madrugada del 24 de febrero, ambos se retiraron del lugar.

Uno de los datos que serían clave para el juicio surgió durante la etapa investigativa, en donde se determinó que el ingreso del joven no fue asentado en los registros oficiales. Además, corroboraron que no existía causa judicial ni orden de detención en su contra.

En su declaración, la víctima relató que fue contactada a través de un grupo de Telegram para una supuesta compra de cannabis y, tras acordar la entrega, fue sorprendida por cuatro hombres en un automóvil gris, quienes se identificaron como policías y la forzaron a subir al vehículo.

Sobre su estadía en la dependencia, indicó que sufrió golpes, fue desnudada y fotografiada. Incluso, señaló que uno de los captores le manifestó dedicarse a extorsiones y robos. Su madre también declaró y detalló que los secuestradores intentaron vincularla con actividades ilícitas mostrando fotografías tomadas en el domicilio familiar.

Por otro lado, un agente de la Jefatura de Zona III confirmó la presencia de Díaz y Gómez en la dependencia junto a otro efectivo, y recordó que realizaron llamadas telefónicas a los familiares de la víctima. Asimismo, el sereno del barrio privado aportó los registros de las cámaras de seguridad, donde detectaron movimientos compatibles con el horario y la secuencia denunciada por la familia.

También destacaron que el análisis de los dispositivos secuestrados durante los allanamientos permitió recuperar fotografías de la víctima, conversaciones de WhatsApp entre los imputados y evidencia de pedidos de dinero vinculados al cautiverio.

A raíz de esto, el fiscal Chit consideró a Díaz, Gómez y Jiménez coautores del delito de secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas, por el cobro de rescate y por tratarse de funcionarios policiales. Para Morales, solicitó la imputación como partícipe necesario, dado que autorizó el uso de la dependencia policial y coordinó comunicaciones con los demás imputados.

De la misma manera, la Fiscalía apuntó que los acusados actuaron de manera coordinada con roles distribuidos y simularon un procedimiento legal para privar de la libertad a la víctima con el objetivo de obtener un beneficio económico. Las comunicaciones entre Morales y los otros imputados, así como el uso de la dependencia bajo su mando, fueron determinantes para sostener la acusación.

Tras valorar que los procesamientos con prisión preventiva ya habían sido confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Díaz Vélez rechazó los planteos de la defensa, que pretendía calificar los hechos como un procedimiento policial irregular, y subrayó la ausencia de orden judicial, registro oficial y la finalidad extorsiva del accionar policial.

Respecto de Morales, el magistrado ponderó conversaciones y mensajes con frases como “Meta” y “Dale pa adelante”, así como la autorización para usar la dependencia policial. Sin embargo, mantuvo su imputación como partícipe secundario al considerar que su aporte fue relevante, pero no indispensable para la consumación del secuestro extorsivo.