
Hace una semana llegó a un importante despacho de la Casa Rosada un informe el cual marcaba que en los últimos días de abril y los primeros días de mayo se había tocado un piso en la imagen del Gobierno. Esto quiere decir que después de sucesivos meses de caída, los números reflejaban un leve rebote. Frágil y sin promesas de ser duradero; pero una bocanada de aire para quienes miraban con preocupación la degradación en la sostenibilidad política del oficialismo.
“Veníamos cayendo y diría que esto se detuvo”, marca una de las personas encargadas de mirar los sondeos al interior del Gobierno. Uno de los consultores que oficia de proveedor exclusivo a la Casa Rosada fue quien dio la primera pista a Infobae: “Mido fines de abril y ya no tengo un número peor que el mes pasado. Es como que si se hubiera tocado un piso”. Aún nadie tiene certezas de si es un piso de cemento o una arena movediza.
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Lo que parecen coincidir la gran mayoría de tribus del Gobierno es que todo está supeditado a la economía.
Milei tuvo dos buenas noticias de abril: cortó con la aceleración de la inercia inflacionaria al pasar a una suba mensual de 2,6% (-0,8 puntos en la variación respecto a marzo); y en cuanto a los fundamentals, el Ejecutivo pudo mostrar en abril que el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit financiero de $268.103 millones en abril. El primer índice es clave de cara a la evaluación que la sociedad hace a la gestión nacional. Incluso es Milei quien afirma -en público y en privado- que ese es el principal job description que le confirió el electorado en las elecciones del 2023. La segunda se trata la columna vertebral del programa económico que implementa el Palacio de Hacienda.
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Todo esto se dio en paralelo con los meses en donde más se sintió la crisis política en los medios de comunicación. La principal novedad durante ese período fue la inmovilidad mediática que se le presentó a gran parte del Gobierno a partir de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Fueron pocos los funcionarios que podían salir a hablar y, sobre todo, se agudizó el malestar interno por su sostenimiento en el cargo. A este cóctel se le sumó el crecimiento en la interna entre el sector de los primos Menem y el de Santiago Caputo, así como una merma en la actividad propositiva del oficialismo en el Congreso.
“En mi opinión las internas afecta muy poco en la percepción de lo que podríamos llamar ‘la gente’. Lo consumen poco, al revés de lo que hace el círculo rojo. En cambio, sí te condiciona cuando paraliza la gestión”, marca uno de los principales colaboradores políticos que tiene la administración libertaria.
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En amplios sectores ven que este rebote se produce porque la conversación al respecto de Adorni mermó significativamente, pero que el dato de inflación y ciertos datos de consumo subieron. Pese a todo, el panorama general dista de ser sencillo. “Vemos que se apuesta todo a que el crédito repunte. A mí me da miedo que la reactivación esté subiendo por escalera mientras que la variación en otros sectores baja por ascensor”, opinaba un funcionario con despacho directo en Casa Rosada.
Una de estas cifras que plasma esta dinámica fue publicada por el Instituto Argentina Grande (IAG), que en su último informe marca que desde diciembre del 2023 cerraron 24.437 PyMEs en la Argentina. Los sectores más afectados por el cierre de empresas son transporte y almacenamiento (-6.193 firmas); comercio y reparación de vehículos (-5.794); servicios inmobiliarios (-3.555) e industria manufacturera (-3.073). La consultora LCG destacó los datos positivos que arrojaron la industria y la construcción en marzo, que crecieron 5% y 4,7% interanual, respectivamente, recortando caídas anteriores. Pero advirtió que “el panorama para lo que resta del año no parece ser brillante, especialmente para el sector industrial”.
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Por eso es que muchos al interior de la Casa Rosada creen que es posible aspirar a un sendero de crecimiento, aunque más leve en su pronunciamiento. En lo que dure ese tramo hasta las elecciones, los operadores políticos del Gobierno consideran vital la relación con las provincias aliadas, quienes son las que tienen la llave para que el oficialismo consiga aprobar proyectos en el Congreso y, sobre todo, a que no se aprueben nuevos que pongan en peligro el objetivo fiscal.

Los gobernadores y legisladores de provincias afectadas por la modificación de la ley de zonas frías -con media sanción ayer en la Cámara de Diputados- expresaron su rechazo al recorte de subsidios al gas, señalando que la eliminación de la zona ampliada perjudica a cientos de miles de hogares en regiones con bajas temperaturas y alta vulnerabilidad social. Son costos políticos que toma el Gobierno en pos del superávit fiscal.
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A priori, la Decisión Administrativa conocida la semana pasada, la cual recortó en 2,5 billones de pesos el Presupuesto, no ayuda a facilitar los vínculos debido a que ajustó partidas sensibles que impactan en las provincias.
Y es que el recorte presupuestario alcanza los $971.450 millones sobre las administraciones provinciales y municipales. Se eliminan partidas por $420.000 millones destinadas a obras de infraestructura vial y mejoramiento de hábitat, se recortan $385.000 millones en proyectos de saneamiento e infraestructura hídrica —lo que afecta plantas potabilizadoras, redes de cloacas y defensas contra inundaciones— y se suspenden transferencias corrientes y fondos especiales por $166.450 millones, que incluían asistencia técnica y subsidios directos no protegidos por la coparticipación.
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“La caja de herramientas para persuadir a los gobernadores es cada vez más chica”, asegura un operador político del oficialismo. En esa línea, en la medida que pasen los meses comenzará a tomar cada vez más fuerza el debate sobre qué estrategia política adoptar de cara al próximo año. Quien está comenzando a diagramar aquello es el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, quien prevé relegar la competencia en algunos distritos provinciales con la finalidad de tener más ascendencia en las listas a diputados y senadores nacionales.
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