Cómo avanza la causa del jubilado descuartizado en Río Gallegos: creen que hay más involucrados y crecen los rastrillajes

La Policía de Santa Cruz intensificó en los últimos días los operativos de rastrillaje en el barrio Arrabales de Río Gallegos en busca de rastros, pruebas y objetos que permitan esclarecer el asesinato de Aníbal Eduardo Cepeda, un jubilado petrolero de 72 años cuyo cadáver fue hallado desmembrado.

La dimensión del caso se refleja en el despliegue territorial de la búsqueda, que abarca construcciones y viviendas abandonadas, canteras y descampados delimitados por cinco calles clave: avenida Asturias, calle N° 1, Simona Poveda, Doctor Boris Gos y Mahatma Gandhi, todas dentro del barrio Arrabales. Entre los elementos que los efectivos procuran encontrar se incluyen mochilas, una campera negra, un pantalón de jeans claro, zapatillas blancas y objetos cortopunzantes, potencialmente vinculados con el crimen.

La Justicia sostiene que el móvil fue económico, dado el registro de extracciones y pagos desde su tarjeta de débito tras su desaparición. Las operaciones, según fuentes policiales, fueron efectuadas por vecinos, elemento clave que sostiene la acusación contra Marcelo Félix Curtti.

La principal hipótesis judicial apunta a que existen más personas involucradas, por lo que la investigación, instruida desde el Juzgado de Instrucción N°1 bajo la subrogancia del juez Gerardo Giménez, se concentra en identificar a posibles nuevos sospechosos e integrar pruebas tecnológicas en el expediente, informó el sitio La Opinión Austral.

Cepeda desapareció el 20 de abril y fue reportado como desaparecido formalmente el 4 de mayo por una amiga cercana. La familia detalló que la alerta surgió tras notar su ausencia prolongada, aunque su costumbre de realizar excursiones de caza y pesca demoró la preocupación. Brito explicó que los viajes habituales del jubilado a actividades al aire libre dificultaron la identificación temprana de una situación anómala.

Tras días de investigación, las autoridades confirmaron que los restos hallados en distintas zonas de Río Gallegos pertenecían a él. La identificación se logró mediante pericias forenses y procedimientos de la Policía Judicial. Parte de los restos aparecieron dentro de bolsas en un tanque de agua de un edificio deshabitado en calle Moyano al 500, mientras que la cabeza y las manos fueron localizadas en las inmediaciones de Pellegrini al 500.

El hallazgo fue determinante para que la causa pasara de investigarse como desaparición a ser caratulada como homicidio. En esta línea, el principal imputado es Félix Marcelo Curtti, de 61 años, quien permanece detenido tras declarar ante la Justicia. Curtti afirmó haber actuado solo. No obstante, la pesquisa no descarta la intervención de más individuos. Isabel Britos, nuera de la víctima, expresó su convicción de que “esto no lo hizo solo” e insistió en que se investigue a fondo para esclarecer todas las responsabilidades.

Además, Isabel expresó: “Estamos muy tristes, muy dramático todo. No creíamos que íbamos a encontrarnos con esto”. Cepeda se habia jubilado hace un año y medio, llevaba una vida activa, alquilaba una vivienda y mantenía rutinas que incluían el casino. Su entorno familiar señalaba que tenía confianza con sus hijos, quienes le sugerían evitar gastos excesivos.

Aunque todavía no logran determinar qué sucedió, las investigaciones periciales aún continúan en curso. Las autoridades siguen con el análisis de: rastros de sangre en una parrilla del complejo habitacional donde se presume que ocurrió el crimen, estudios sobre teléfonos celulares y movimientos bancarios vinculados a Cepeda.

El teléfono móvil destruido de la víctima fue encontrado en un descampado próximo al cementerio, lo que abrió una nueva línea investigativa relacionada con el uso del dispositivo. Según la familia, tras la desaparición del jubilado, allegados recibieron mensajes cuya redacción no coincidía con la habitual, lo que lleva a los investigadores a tratar de establecer si terceros manipularon el teléfono después del crimen.

Desde la querella, la familia incorporó al abogado penalista Cristian Arel, mientras que la defensa del único imputado sigue a cargo de la Defensoría Pública Oficial N°3. Tanto la Policía de Santa Cruz como la Justicia mantienen operativos y análisis de pruebas con el objetivo de reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar con precisión cómo ocurrió el homicidio y si participaron más personas.