El 26 de febrero de 2006, Paulina Lebbos, de 23 años, estudiante de Comunicación Social en la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán, salió a festejar que aprobó un examen junto a sus compañeros y no regresó a su casa. Trece días después, su cuerpo apareció a la vera de una ruta a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán, lo que marcó el inicio de una serie de investigaciones y juicios en los que, hasta el presente, nadie fue condenado como autor material del crimen.
Durante estos veinte años, la causa evidenció una trama de encubrimientos que implicaron a numerosos funcionarios judiciales y policiales. En este período, la justicia condenó a nueve personas por encubrimiento, incluidas figuras como el jefe y el subjefe de policía de Tucumán y otros funcionarios de alto rango.
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El padre de la víctima, Alberto Lebbos, se transformó en símbolo de la lucha contra la impunidad en la provincia. “Esta lucha de más de veinte años no ha sido en soledad”, dijo en diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer. “Es imposible llevar adelante una lucha tan injusta, tan despareja, porque luchamos contra un poder político, económico, enquistado en la política tucumana de hace más de veinte años para proteger asesinos, que no se puede dar en soledad”.
El derrotero de la investigación y los responsables condenados
El 25 de febrero de 2019, se dictó la principal sentencia en este caso, ordenando múltiples investigaciones paralelas y responsabilizando a diversos funcionarios por irregularidades durante la instrucción. Según Alberto Lebbos, “todas estas causas se desprenden de una sentencia del 25 de febrero de 2019”. Esa sentencia mandó investigar a cerca de cuarenta personas, entre ellas Sergio Caleniuk, José Alperovich y César Soto, expareja de Paulina.
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A lo largo del proceso, la justicia dictó condenas a distintos funcionarios. “Entre el 2006 y el 2019 quedaron detenido el jefe de policía de Tucumán, el subjefe de policía de Tucumán, el secretario de Seguridad de Tucumán”, relató Lebbos.
La irregularidad en la aplicación de penas también fue cuestionada por el padre de Paulina: “La condena para el delito de robar a Hacienda, ¿saben cuánto es la máxima condena? Diez años y cuatro meses. ¿Sabe cuánto es la máxima condena para un delincuente que se disfraza de jefe de policía o de, o de fiscal o de funcionario público y protege asesinos y encubre? Seis años”.
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Pese a las gestiones de la familia, Alberto Lebbos denunció la falta de información: “Yo hace veinte años que vengo pidiendo información y no me la dan. Y ahora llegamos a un juicio y entonces un juez me dice a mí que yo por qué no he acusado a fulano, a sutano, a mengano, como si yo fuera el responsable de la investigación”.
Intrincadas relaciones de poder y encubrimiento
La trama de encubrimientos, según la familia Lebbos, se encuentra sostenida por vínculos políticos y económicos. El padre de Paulina mencionó a funcionarios y allegados al poder provincial. “Sergio Callejo, el hijo del segundo hombre más poderoso de Tucumán en ese momento, cuando era gobernador José Alperovich. Sergio Callejo ocupó un cargo altísimo en la Secretaría General de la Gobernación. Le llevaba los expedientes para que Alperovich firme todas las mañanas y era un dirigente de área en el Club Atlético Tucumán”, relató Lebbos.
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Además, César Soto —expareja de Paulina— “fue contratado en la legislatura de Tucumán. ¿No tiene vínculos con la política? Ahí está la prueba. Fue contratado en la legislatura de Tucumán”. El padre de la joven también señaló a la bioquímica Lila Moyano, quien “dejó que se pudra un cabello que había en la mano de Paulina, que se defendió, que lo dejó que se pudra para que no se hagan las pruebas genéticas”.

Alberto Lebbos responsabilizó públicamente al fiscal Edmundo Jiménez: “Me imagino que es un mensaje al jefe de los fiscales de Tucumán, el doctor Edmundo Jiménez, responsable de toda esta situación, que no acata una sentencia del 25 de febrero de 2019. Entonces, estamos en un estado de una impunidad brutal aparada por estos delincuentes”.
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El rol de la familia y la presión sobre testigos
El contexto de amenazas y presiones marcó la vida de la familia Lebbos desde el crimen. “Aquí a mi familia han vivido amenazados todos. Lo han hecho. Nos han perseguido, nos han hecho ataque económico. No tienen idea de todas las situaciones que vivimos.”
La testigo clave del caso, Virginia, quien acompañó a Paulina la última noche, también estuvo bajo presión: “Virginia estaba amenazada, como estuvimos amenazados todos y como hemos sufrido persecuciones tremendas todos. Y Virginia hizo declaraciones. En las nueve declaraciones se mantuvo intacta, dijo exactamente lo mismo. Y luego, tuvo algunas dudas, pero después en la última relación en este juicio se mantuvo. Yo no tengo duda que en su momento recibió amenazas, porque esta causa está plagada de todas esas circunstancias de un sistema poderoso”.
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Sobre el mensaje social que deja el caso, Lebbos opinó: “¿Qué mensaje se da a la comunidad? Si esta causa, gracias a ustedes, tiene la mediatización que tiene, la visibilización que tiene y hacen lo que hacen, ¿se imaginan con las miles de víctimas anónimas? Es una locura lo que está pasando. Por eso hoy Tucumán está conmocionado”.

Los debates pendientes en la legislatura tucumana
El padre de Paulina insistió en que los responsables de la institución legislativa provincial han hecho oídos sordos a los reclamos. “La legislatura está a una cuadra del Ministerio Público Fiscal. Algún legislador de todos los partidos le golpeen la puerta del escritorio, de la oficina de Edmundo Jiménez, le pregunten. Y no hay respuesta, no hay respuesta institucional. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos?”
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La familia Lebbos anunció que ya prepara un nuevo pedido de juicio político contra el fiscal Jiménez: “Nosotros ya estamos preparando el pedido de juicio político. Un hombre que ha recibido nueve pedidos de juicio político y la legislatura los rechaza, parece que le tienen pánico los legisladores”, sostuvo Lebbos.
“Yo les aseguro que esta lucha sigue. Vamos a recurrir hasta los tribunales internacionales por justicia para Paulina, justicia para Nora Dalmasso, justicia para Erika Álvarez, justicia para todas las víctimas de la impunidad de Tucumán y de la Argentina”, concluyó.
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