Cayó un ciudadano ruso acusado de operar una red internacional de “fake news”

Un ciudadano ruso vinculado a una organización internacional dedicada a la desinformación política fue detenido en las últimas horas en el conurbano bonaerense. El hombre, que había ingresado al país como turista, será expulsado de la Argentina.

Según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el detenido integraba una red que buscaba “operar, desestabilizar y atentar” contra las instituciones democráticas. La funcionaria lo definió como “una amenaza para el orden democrático”.

En un video difundido a través de redes sociales, Monteoliva precisó que el arresto de Dmitrii Novikov se llevó a cabo en la localidad de Lanús.

Tras la detención, la Dirección Nacional de Migraciones precisó que se dispuso la cancelación de su residencia transitoria, la expulsión del país y la prohibición de reingreso con carácter permanente: “La medida se ordenó tras constatar que el involucrado desnaturalizó los motivos que justificaron su ingreso a la República Argentina”, precisaron desde la cartera de Monteoliva.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, ordenó su retención preventiva. Así, Novikov deberá esperar el proceso de expulsión privado de libertad para “garantizar la efectiva ejecución de la sanción migratoria”.

El detenido había llegado al país como turista el pasado 12 de abril desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. En estos momentos se encuentra bajo custodia en la División Alcaidías.

Trabajaron en el operativo Migraciones, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

La denuncia por las operaciones de desinformación en Argentina financiadas por el régimen ruso

A principios de abril, el abogado argentino Jorge Monastersky pidió a la Justicia investigar la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional.

El documento reclama que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.

El impulso a la causa se fundamenta especialmente en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional.

Según el comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril de 2026 y citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.

Esta documentación fue explicitada en la denuncia para subrayar, según Monastersky, que la gravedad y verosimilitud institucional de los hechos “impone una investigación judicial inmediata”. La fuente agrega: “La información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional”.