
La Justicia de Mendoza imputó formalmente a Gabriel Eduardo Trejo como presunto autor del femicidio de Carla Johanna Magallanes, la mujer de 36 años que fue hallada sin vida en su domicilio de San Martín. El hecho fue calificado como un homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su pareja, una figura que contempla como única pena la prisión perpetua.
La investigación avanzó de manera decisiva tras conocerse los primeros resultados de la autopsia que le realizaron los expertos del Cuerpo Médico Forense. De esta manera, el informe determinó que Magallanes murió a causa de una herida cortopunzante en el cuello, ubicada entre el maxilar y la zona de la oreja.
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Tras analizarse las características de la lesión, los peritos concluyeron que el ataque lesionó arterias vitales y provocó un shock hipovolémico y daño medular irreversible. Así, la brutalidad del corte causó la muerte de la víctima prácticamente en el acto.
De acuerdo con la información publicada por El Nueve de Mendoza, a partir de la reconstrucción preliminar de los hechos, los investigadores sostuvieron que la víctima estaba en una situación de indefensión al momento del ataque. Este elemento agravó la acusación y reforzó el marco de violencia de género en la imputación.
El cuerpo de la víctima fue hallado sin vida en una vivienda ubicada en Montecaseros, San Martín, en la provincia de Mendoza. El descubrimiento se produjo cerca de las 13 horas del martes, cuando la madre y la hermana de la víctima acudieron al domicilio, situado en la intersección del carril Norte y el callejón Moreno, preocupadas por la ausencia de contacto durante varios días.
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El cadáver se encontraba en una habitación precaria, en estado avanzado de descomposición y presentaba lesiones visibles. Además, en el lugar, reconocieron signos de violencia, manchas de sangre y evidencias de una posible lucha. De acuerdo con Los Andes, los forenses estimaron que la muerte podría haberse producido entre 48 horas y seis días antes del descubrimiento.
En los meses previos al crimen, Magallanes atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad social. Solicitaba asistencia en la organización Red Puentes, que funciona en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde recibía acompañamiento debido a su situación de calle y problemas de consumo. Sin embargo, había dejado de asistir a este espacio desde septiembre del año anterior.
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Además, Magallanes era madre de tres hijas que se encontraban bajo resguardo estatal y judicializadas por intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), lo que evidenciaba la situación de alta vulnerabilidad de la mujer. El seguimiento institucional pretendía garantizar la protección de las menores ante el contexto en el que vivían.

Según los testimonios recogidos por los medios locales, la mujer convivía con su pareja, Gabriel Eduardo Trejo, con quien mantenía una relación caracterizada por frecuentes discusiones. Los vecinos aseguraron haber escuchado una fuerte pelea la noche del viernes anterior al hallazgo, junto con gritos y ruidos provenientes de la vivienda.
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Desde ese episodio, no se registraron movimientos ni sonidos procedentes del lugar, lo que generó inquietud entre los vecinos. Estos indicios llevaron a interpretar el viernes como el posible momento del ataque. La dinámica conflictiva y el aislamiento de la pareja en una habitación precaria reforzaron la hipótesis de un desenlace violento.
Luego de que se escuchara la pelea, no se dieron a conocer testimonios sobre lo que habría realizado el principal acusado del femicidio. No obstante, Trejo logró ser detenido el martes por la tarde, poco después de que las autoridades constataran el estado en el que se encontraba la víctima.
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La aprehensión tuvo lugar en la calle Puebla, frente al barrio San José, en Santa María de Oro, después de que los equipos policiales organizaron un operativo de búsqueda tras el hallazgo del cuerpo. Trejo había permanecido prófugo durante varias horas.
De acuerdo con El Sol, sobre Trejo pesan antecedentes por sustracción de menores en 2013 y por robo agravado y lesiones leves, aunque fue sobreseído en ambos casos. Tras su detención, fue trasladado a una sede policial y permanece a disposición de la Justicia, en espera de la evolución de la causa.
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