En medio de la ola de amenazas en escuelas que atraviesa distintas zonas del país, la Justicia dispuso el allanamiento de la casa de un adolescente de 16 años en Balvanera que se fotografió con un arma en el baño de su colegio.
El caso se conoció en la Escuela de Comercio Nº5 “José de San Martín”, ubicada en el mencionado barrio porteño, cuando un padre denunció que en un grupo de WhatsApp de estudiantes de su hija circulaban imágenes donde se veía a un chico manejando un revólver, acompañado de dos compañeros.
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Las fotos, enviadas bajo la modalidad de visualización única en un grupo llamado “3-1”, tenían la leyenda “La chispa está en 3ro 1ra”.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo de Mauro Tereszko, que imputó al menor por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, delitos que contemplan una pena máxima de siete años de prisión.
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La situación es mucho más grave, ya que según la información oficial, el chico ya tenía antecedentes por el delito de robo.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó que la jueza Alicia Baridón Gómez, del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, autorizó el allanamiento, que se realizó en la madrugada de este miércoles en el domicilio del adolescente.
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Durante el procedimiento, agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad secuestraron el celular en uso del menor, una computadora portátil y un disco rígido, además de otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia para ser peritados.
El caso se suma a una serie de episodios recientes en distintas escuelas porteñas donde se detectaron amenazas o la presencia de armas.
En la última semana, la Policía de la Ciudad secuestró un revólver calibre 32, una réplica de arma de fuego, una navaja y varios dispositivos electrónicos en el marco de operativos por denuncias en cuatro colegios.
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Los hechos involucraron a estudiantes de 14 años de escuelas de Pompeya, Belgrano, Núñez y Recoleta.
En todos estos incidentes, la Ciudad aplicó el “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”, vigente desde el año pasado.
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Dicho protocolo establece pasos para proteger la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa, garantizar el cumplimiento de la ley y promover intervenciones institucionales basadas en la protección colectiva.
En una conferencia de prensa realizada el lunes en la sede del gobierno porteño, el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, explicó: “Se ha implementado un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes. La identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas”.
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