Los médicos de la ambulancia que trasladaron a Ángel López informaron sobre un “traumatismo previo”

La muerte de Ángel López, un niño de cuatro años, ocurrida el pasado 5 de abril, es investigada como un posible crimen y en las últimas horas se reveló un informe que incluye datos de los profesionales de la ambulancia que lo trasladó al hospital. El documento reveló la existencia de un "traumatismo previo", que alimenta las sospechas sobre la familia del menor de edad.

El documento del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia refiere que el paciente fue llevado por el servicio de emergencias 107 y detalla que Ángel ingresó al centro médico en un estado crítico. El informe clínico señala explícitamente que el paciente fue “traído por paro cardiorrespiratorio” y que los paramédicos “refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo”.

Esta información, que ahora forma parte de la evidencia judicial, plantea interrogantes sobre las circunstancias que rodearon las horas previas al deceso del pequeño.

Según el mismo informe, publicado por el Diario Crónica de Comodoro Rivadavia, el niño llegó inconsciente al hospital, sin responder a estímulos y con signos de extrema gravedad. El equipo médico debió realizar maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación de urgencia. Durante el traslado en la ambulancia, ya se le habían practicado masajes cardíacos y se le había administrado medicación para intentar estabilizarlo.

La historia clínica también describe que el menor presentaba un “mal estado general” y “palidez”.

Respecto del dato sobre el traumatismo previo, los investigadores deberán determinar la naturaleza del golpe referido, cuándo ocurrió y si tuvo una relación directa con el paro cardiorrespiratorio que sufrió Ángel.

La madre del niño, Mariela Altamirano, había declarado que su hijo se descompensó mientras dormía en su casa y que falleció poco después en el hospital. Sin embargo, la autopsia preliminar ya había indicado la presencia de lesiones internas en la cabeza del chico, lo que generó sospechas sobre esa versión inicial.

Por otra parte, hoy se conoció que el padre biológico de Ángel, Luis López, presentó una denuncia penal ampliada que no solo apunta a Mariela Altamirano y a su pareja, Maicol González, como responsables directos de un presunto homicidio agravado, sino que también señala una grave corresponsabilidad estatal.

La denuncia incluye a jueces, asesores de familia y funcionarios del Servicio de Protección, a quienes acusa de ignorar alertas de riesgo y de no haber actuado para proteger al niño.

En el escrito presentado por el padre, se sostiene que la muerte de Ángel “no constituye un episodio aislado ni un desenlace trágico producto del azar”. Por el contrario, el documento afirma que es “la consecuencia directa, previsible y evitable de una secuencia de conductas activas y omisivas desplegadas tanto por quienes tenían a su cargo el cuidado directo del menor como por los funcionarios estatales”.

Uno de los pasajes más impactantes de la denuncia recupera una frase que Mariela Altamirano habría pronunciado en un momento de tensión. Según testigos, la mujer le habría gritado a su pareja: “¡Vos le pegás al mío!”, refiriéndose a Ángel. Para la querella, esta manifestación espontánea podría tener valor probatorio y sugiere que la madre conocía los golpes que recibía su hijo.

Además, la denuncia describe a Altamirano como una mujer que no actuó movida por un genuino interés parental, sino que habría utilizado a Ángel como un “objeto de disputa y un arma arrojadiza contra el padre y la madre de crianza”.

También se menciona que la restricción perimetral que pesaba sobre el padre no fue una medida de protección real, sino “el acto final de la cadena que aisló a la víctima con sus agresores”. La propia madre habría evidenciado su conocimiento del deterioro del niño al declarar que el pequeño “dormía mucho últimamente” y al enviar mensajes a una vecina en la madrugada del hecho diciendo que “tenía algo en la cabeza”, lo que probaría que sabía de lesiones no atendidas.

La acusación contra funcionarios estatales es un aspecto significativo de la denuncia. Se señala la actitud de una funcionaria del Servicio de Protección, quien, según la familia paterna, “se habría reído de los videos” que mostraban al niño llorando como prueba de maltrato y habría manifestado “eso no me importa”. También se acusa a la Asesora de Familia de haber omitido proteger al niño y de haber “pedido activamente el cuidado exclusivo a favor de Mariela Altamirano”, invirtiendo su función protectora.

La denuncia invoca la Ley Lucio (Ley 27.709), que establece la obligación de denunciar el maltrato infantil y sanciona a quienes no lo hagan. El escrito sostiene que esta ley, que es la respuesta legislativa del Estado argentino al fracaso sistémico en la protección de la infancia, resulta directamente aplicable al presente caso.

El padre de Ángel pidió la prisión preventiva de Altamirano y González, argumentando la existencia de riesgos procesales concretos, como el peligro de fuga debido a la gravedad de la pena en expectativa (prisión perpetua), la posibilidad de influir sobre testigos y la destrucción de elementos de prueba, como la ropa quemada que un vecino habría visto provenir de la vivienda el día del hecho.

La Justicia deberá resolver en las próximas horas si hace lugar al pedido de detención y si amplía la investigación a los funcionarios denunciados.