Un hombre de Rosario se convirtió en el primer caso que llegará a juicio oral por una denuncia falsa de abuso sexual contra su expareja. El caso sucedió en 2022, en medio de una batalla judicial entre los padres por la custodia de su hija. El padre, identificado como Eduardo Otero, luego de que la causa haya sido desestimada, decidió empezar un proceso contra quienes lo acusaron y arruinaron el vínculo con su hija.
Eduardo Otero, irá a juicio contra su ex pareja y a tres personas más, según informó Rosario3. El caso podría marcar un precedente en la historia legal de la provincia de Santa Fe, derivado de una acusación descartada. La fiscal Alejandra Raigal archivó la causa penal en 2022, decisión que luego fue confirmada por instancias superiores. El expediente se reactivó cuando Otero presentó formalmente una denuncia, impulsando la elevación a juicio oral a la madre de la niña y dos testigos. El camarista, Gustavo Salvador, fue quién dispuso la medida y el proceso oral comenzará en los próximos meses.
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Según los argumentos presentados por Eduardo Otero ante la justicia, la madre de la menor, acompañada por dos testigos y una abogada, habría presentado la denuncia buscando “obstruir el vínculo” entre padre e hija. Otero declaró que lleva tres años y medio sin ver a la niña y sostuvo que la menor habría sido manipulada para rechazar el contacto. Durante una entrevista con el programa El Puente, el padre también declaró: “Yo tengo el derecho de estar con mi hija y mi hija de estar conmigo”. En este marco, Otero reclamó una resolución judicial para poder restablecer el vínculo con su hija, remarcando el impacto que tuvo esta situación para la familia.
El destape de falsas denuncias
El miércoles 1 de abril se ratificó la absolución de Pablo Barra, un padre que había sido denunciado por el supuesto abuso sexual de su hija en 2018 y desde entonces permanecía sin contacto con la menor. El juez de segunda instancia, Javier Beltramone, confirmó el fallo que liberó de responsabilidad penal a Barra, en un caso que expuso una presunta red de informes psicológicos falsos cuya elaboración habría provocado la separación injustificada entre niños y sus progenitores.
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El expediente de Pablo Barra fue uno de los que, en septiembre del año pasado, sirvió como base de una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de la Acusación. El escrito, firmado por la abogada Viviana Cosentino, defensora de Barra, apuntó contra tres psicólogas de Rosario identificadas como P.B.A., G.R.S. y N.V.A. Se las acusó de confeccionar “formularios prearmados” mediante descripciones idénticas y textos copiados en distintos informes, sin siquiera entrevistar previamente a los padres denunciados.
En la resolución, Beltramone sostuvo: “No puede soslayarse que estas prácticas proyectan efectos concretos y disvaliosos sobre otras jurisdicciones, en particular en el fuero de Familia, en tanto inciden directamente en procesos de revinculación paterno-filial y en la adopción de medidas que encuentran su sustento en la existencia de una imputación penal que luego no logra sostenerse probatoriamente. De este modo, se produce una extensión indebida de los efectos del proceso penal sobre esferas ajenas, con impacto directo en el interés superior del niño, que exige decisiones fundadas, proporcionales y sustentadas en evidencia suficiente”.
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Beltramone consideró probado, de acuerdo a la documentación y testimonios que obran en la causa, que la dinámica de los informes observados no representa un hecho aislado, sino una modalidad con efectos graves sobre múltiples jurisdicciones. La decisión judicial sobre Barra restaura su absolución y aporta un antecedente significativo en el análisis de cómo operan ciertos circuitos de validación de pruebas en el sistema penal santafesino.
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