
Luego de que transcurriera una década y media desde el doble femicidio de las turistas francesas, Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, la Unidad Fiscal Especial de Salta confirmó la localización de hisopados originales que le habían practicado a los cuerpos de las víctimas y fueron preservados en el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La existencia de estas pruebas se confirmó el 11 de marzo de este año, luego de que iniciaran un proceso integral de trazabilidad liderado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Tras este hallazgo, las autoridades evaluarían realizar nuevos estudios genéticos por medio del uso de tecnología actual.
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Según explicaron fuentes oficiales del caso, el objetivo sería cotejar los resultados con los perfiles genéticos masculinos y femeninos, detectados anteriormente en laboratorios franceses, para avanzar en el esclarecimiento del doble femicidio.
De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el procedimiento de localización implicó el análisis de actas, constancias de remisión e inventarios de elementos recolectados en la causa. A partir de esto, un integrante de la Unidad Fiscal y otro del Servicio de Biología Molecular del CIF se trasladarán a Buenos Aires para transportar las muestras que aún se conservan en la universidad.
Recientemente, la Justicia argentina reactivó la investigación con nuevos procedimientos que buscan esclarecer el crimen ocurrido en Salta en 2011. Por esto, el padre de una de las víctimas, Jean-Michel Bouvier, fue citado a declarar este lunes, tras haber viajado especialmente desde Francia para aportar documentación y argumentos que permitan identificar a otros presuntos responsables.
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Según la familia, existirían pruebas genéticas obtenidas en Francia que nunca fueron incorporadas formalmente a la causa judicial argentina, lo que podría volver a modificar el escenario procesal y abrir nuevas líneas de investigación en el emblemático doble femicidio.
El caso cobró notoriedad por las fallas detectadas en la instrucción original y por disputas sobre la cadena de custodia y el alcance de las pruebas biológicas. Uno de los puntos que actualmente impulsan la reapertura es la existencia de tres perfiles de ADN recuperados por forenses franceses, que hasta el momento no han sido identificados y cuya información no fue considerada por la justicia provincial.
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Por este motivo, el padre de Cassandre reclamó de forma persistente que se integren estos perfiles a la causa y que se contraste la metodología empleada con la utilizada por los laboratorios argentinos. Actualmente, el expediente se encuentra en manos de los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín, quienes desde febrero de 2025 coordinan la indagación sobre la hipótesis de participación de estos terceros que no habrían sido investigados.
En la misma línea, el Ministerio Público Fiscal gestionó un exhorto internacional que, avalado el 9 de febrero de 2026 por la jueza Ada Zunino del Juzgado de Garantías 1 de Salta y remitido a través de la Cancillería, solicitó el envío de fiscales y expertos argentinos a Francia para examinar peritajes, tomar declaración a especialistas galos y asegurar la entrega completa del expediente instruido en ese país.
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A la espera de respuesta formal de las autoridades francesas, la iniciativa apunta a comparar los análisis genéticos y la determinación de la data de muerte realizada en ambos países. Los investigadores argentinos buscan además inspeccionar el laboratorio donde se efectuaron los estudios originales en Francia, conocer las técnicas utilizadas y, de ser viable, realizar nuevas pruebas genéticas si subsisten muestras biológicas.
En respuesta a una demanda directa de las familias, la Unidad Fiscal también solicitó la declaración de los peritos franceses y de allegados de las víctimas, así como la remisión del legajo judicial abierto en Francia para cotejar si allí constan pruebas o testimonios no valorados por la justicia argentina.
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En la primera etapa de la investigación, la justicia de Salta condenó a prisión perpetua al baqueano Clemente Vera, quien permaneció detenido durante una década hasta la anulación de su condena. El escenario cambió cuando la revisión de la causa, bajo presión internacional y por iniciativa de las familias, reveló inconsistencias en la imputación y motivó su liberación diez años después de la condena.
Al momento del crimen, las víctimas eran estudiantes de la Universidad de La Sorbona y habían viajado a la Argentina en 2011 para recorrer el norte del país. El 29 de julio de ese año, sus cuerpos fueron hallados en la Quebrada de San Lorenzo, próxima a la ciudad de Salta.
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Más tarde, las autopsias determinaron que las dos jóvenes fueron golpeadas, violadas y asesinadas mediante disparos de arma de fuego, una violencia que generó conmoción tanto en Argentina como en Francia y llevó a un extenso proceso de investigación judicial.
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