Fijaron la fecha del juicio contra los dueños de diez perros que mataron a un niño de 12 años en Santa Fe

A casi siete años de la muerte de Diego Román, la Justicia de Santa Fe fijó la fecha para el inicio del juicio que busca esclarecer las circunstancias del caso que conmocionó a la ciudad de Recreo. Los principales acusados son los dueños de los 10 perros que lo mataron.

El niño, de 12 años, fue hallado sin vida en un descampado a comienzos de julio de 2019. Finalmente, el proceso judicial, que comenzará el viernes 27 de marzo, tendrá como principales acusados a Iván Mercado Reyes y Norma Vega, quienes enfrentan cargos como coautores de homicidio con dolo eventual. Ambos eran los dueños de la jauría de perros, señalada por la Fiscalía como responsable del ataque que acabó con la vida del menor.

El hallazgo del cuerpo de Diego Román, en las inmediaciones del límite entre un predio rural de Reyes y un terreno contiguo, a unos 220 metros al norte de la calle Menchaca, fue el punto de partida de una investigación, que incluyó peritajes forenses, veterinarios y testimonios de vecinos.

Según informó el portal Rosario3, el debate oral se realizará ante el juez Pablo Busaniche y está programado para extenderse durante varias jornadas, con audiencias los días 27, 30 y 31 de marzo, y en la primera quincena de abril: 1, 6, 7, 8 y 9, según informó la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). El fiscal Andrés Marchi anticipó que solicitará una pena de 10 años de prisión para Reyes y 8 años para Vega, al considerar que ambos eran plenamente conscientes de la “potencialidad agresiva y lesiva” de la jauría.

De acuerdo con la acusación fiscal, Reyes y Vega sabían del peligro que representaban los aproximadamente diez perros que estaban bajo su cuidado y no tomaron las medidas necesarias para evitar el ataque. La Fiscalía subraya que existían antecedentes de ataques previos a vecinos por parte de los mismos animales, lo que refuerza la teoría de que los propietarios actuaron con conocimiento del riesgo.

En caso de que el tribunal no comparta la calificación de dolo eventual, el fiscal Marchi propuso como alternativa la figura de homicidio culposo, que podría derivar en penas de entre 4 y 5 años de prisión para la pareja.

Si bien no se pudo precisar el momento exacto de la muerte, los peritos establecieron que el hecho ocurrió entre las 17 del 3 de julio y las 4.30 del 4 de julio de 2019. Los análisis forenses y veterinarios concluyeron que las graves heridas sufridas por el niño eran “compatibles con una depredación de animales”, lo que derivó el curso de la investigación hacia la responsabilidad de la jauría, integrada por perros de diversas razas: un rottweiler llamado Tronco, varios bóxer (Jackson, Dorotea y Malevo) y mestizos identificados como Beethoven, Tacuara, Mia, Chocolate, Uma y Negrito. Este grupo de animales había protagonizado episodios de agresión anteriores, de acuerdo con testimonios recogidos en la causa.

La pregunta central del juicio será determinar si el ataque mortal a Román era un riesgo previsible y evitable para los propietarios de los perros, y si la falta de medidas de contención por parte de Reyes y Vega constituye una conducta penalmente reprochable en los términos solicitados por la Fiscalía.

En las primeras etapas de la investigación, se barajaron hipótesis alternativas sobre la muerte del menor, en parte debido al estado en que fue encontrado el cuerpo. Sin embargo, los peritajes oficiales descartaron la intervención de terceros y concluyeron que las lesiones eran atribuibles a un ataque animal, según constan en las actuaciones judiciales.

La Fiscalía sostiene que esta conclusión está respaldada por los informes de los especialistas forenses y veterinarios, quienes afirmaron que las heridas correspondían a mordeduras y desgarros típicos de una jauría, y no a lesiones provocadas por armas o instrumentos ajenos.

El proceso buscará esclarecer si la tragedia pudo haberse evitado y si existió negligencia por parte de quienes tenían a su cargo a los animales involucrados. El resultado del debate oral será determinante para la definición de responsabilidades penales y la eventual aplicación de las penas solicitadas por la Fiscalía.