“Tu libertad está en juego”: procesaron a la banda que extorsionó al soldado que se mató en la Quinta de Olivos

La jueza federal Sandra Arroyo salgado dictó la prisión preventiva para siete personas acusadas de formar una organización criminal, que operaba desde cárceles bonaerenses, dedicada a extorsionar a través de aplicaciones de citas y mensajes intimidatorios, en un caso que tiene como eje el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez en la Quinta Presidencial de Olivos.

Tomás Matías Francavilla y Mauricio José Duarte Areco fueron señalados como jefes y operaban desde la Unidad Carcelaria N°36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, Iara Ayelén Cosentino, Camila Alejandra Moscato, Karen Yael Cufré y Erica Yamila Torres cumplían funciones de logística, facilitando cuentas, chips y gestionando las transferencias, según señala en fallo al que tuvo acceso Infobae.

El tribunal concluyó: “La banda coordinaba roles, entregaban datos bancarios, les acercaban chips y teléfonos y redistribuían el dinero obtenido de las víctimas”.

Francavilla y Duarte Areco enfrentarán cargos por asociación ilícita agravada, extorsión reiterada y coautoría de instigación al suicidio, en tanto que el resto fue procesado por asociación ilícita agravada y extorsión reiterada.

Además, la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro dispuso embargos de hasta $500.000.000 para cada jefe y $400.000.000 para cada miembro, cifras que buscan asegurar la reparación de daños y eventuales reclamos civiles.

Uno de los elementos probatorios más fuertes surgió del análisis de los teléfonos incautados en las cárceles. Allí se hallaron instrucciones para cobrar el dinero, distribuir tareas y estrategias para borrar rastros. Un dato del expediente indica que el mismo día de la extorsión a Gómez, en el celular de Duarte Areco apareció una operación matemática equivalente al monto transferido por la víctima, lo que refuerza la hipótesis del reparto de ganancias.

Según la resolución, la banda operaba tanto desde el exterior como desde el interior del Servicio Penitenciario Bonaerense, y coordinaba extorsiones aprovechando los vacíos de control de dispositivos móviles en las cárceles provinciales.

La investigación reconstruyó cómo la banda captaba víctimas a través de la app Evermatch y otras plataformas similares. El método consistía en crear un perfil falso de una supuesta usuaria joven que luego continuaba el contacto por WhatsApp.

El engaño no terminaba en el engaño amoroso. Poco después, la víctima recibía un audio de la supuesta madre, en tono alterado, acusando al interlocutor de hablar con una menor de edad y avisando que iba a denunciarlo.

Seguidamente, intervenía un falso policía utilizando la identidad de un verdadero efectivo —Matías Nahuel Contti, quien también resultó víctima de suplantación de identidad—, para reforzar la amenaza y exigir, bajo intimidación, transferencias de dinero a cambio de frenar la supuesta causa judicial.

Los acusados alternaban frases como “tu libertad está en juego”, “en 24 horas quedás detenido”, y hasta simulaban enviar imágenes de empleados policiales frente a computadoras para sumar credibilidad. Los pagos se canalizaban a cuentas de billeteras virtuales pertenecientes a ellos, sus familiares o terceros interpuestos.

La modalidad no era aislada: los investigadores identificaron al menos tres hechos similares, con montos y destinatarios claros, y la confesión de los líderes en mensajes internos apuntaba a la existencia de “una estructura con roles y reparto de ganancias”.

El fallo judicial advirtió que la organización funcionaba como una “pyme del delito” desde la cárcel, beneficiándose de la falta de controles sobre celulares y chips en el sistema penitenciario bonaerense.

En los audios, los líderes describían: “En todos los pabellones trabajan así, todos los días, ya vengo así hace dos años”.

“La prisión que no interrumpe la capacidad delictiva desde entornos virtuales se transforma en una restricción meramente declarativa, sin impacto en la seguridad pública”, sostuvo Arroyo Salgado en el fallo.

La extorsión y suicidio del soldado Gómez

La madrugada del 16 de diciembre de 2025, el cuerpo de Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, fue hallado en el Puesto de Control N°09 de la Quinta de Olivos. La autopsia, los informes balísticos y el análisis de la escena confirmaron la hipótesis de suicidio, compatible con un disparo a corta distancia con su arma reglamentaria.

Ese desenlace fatal, sin embargo, no fue el cierre de la causa. La jueza ordenó profundizar la investigación para determinar si existían otros delitos previos o conexos. En el teléfono de Gómez, los peritos hallaron la secuencia completa de extorsión a la que había sido sometido en las horas anteriores.

El joven había solicitado préstamos a través de aplicaciones, contactado a compañeros pidiendo ayuda económica y realizado seis transferencias que sumaron un total de $1.413.000 —más de un millón de pesos— a distintas cuentas de billeteras virtuales asociadas a los integrantes de la banda. En las conversaciones, la presión era constante: “El tiempo apremia”, “ya te estoy escrachando en redes sociales”, “estás pagando tu libertad”.

Las búsquedas en su celular, detectadas por los forenses, mostraban consultas sobre cómo impedir que otros vieran conversaciones de WhatsApp, cómo pedir préstamos y cómo consultar antecedentes penales. Todo el cuadro exhibía un estado de desesperación y temor, reforzado por los testimonios de sus compañeros en el Ejército, quienes relataron que esa noche no durmió ni comió y que pidió dinero, algo inusual en él.

En la carta hallada junto al cuerpo, el propio Gómez escribió: “Por estos policías tengo problemas legales y muchas deudas, y ni siquiera pagando dejan de pedir más y más plata”. La misiva se consideró clave para unir todos los indicios y dar respaldo objetivo a la hipótesis de la fiscalía.

Uno de los datos exclusivos del expediente señala que el 15 de diciembre de 2025 —el mismo día de la extorsión a Gómez— en el celular de Duarte Areco se registró una operación matemática “1.400.000 ÷ 4”, coincidencia que los peritos ligaron al reparto de lo transferido por la víctima.

Además, se estableció que varios de los acusados mantenían vínculos afectivos o de parentesco, reforzando la hipótesis de una organización con lazos sólidos fuera y dentro de la cárcel.