
Para muchos pacientes argentinos de cáncer, Ernesto Prieto Gratacós se convirtió en una presencia casi inevitable. Sus videos y reels en Instagram y Youtube se viralizaron en los últimos años. Allí, Prieto Gratacós —nacido en La Habana, Cuba, en 1967-, hablaba con vehemencia sobre terapias revolucionarias, una cura que, supuestamente, estaba en sus manos. Dirigía su propia pseudoclínica, el Centro de Terapia Metabólica, ubicado en la calle Paraná, donde atendía a pacientes.
Con el tiempo, el supuesto especialista cubano se convirtió en un influencer de la salud; acumuló 292 mil seguidores solo en Instagram. En Facebook, otros 43 mil. Posaba entre pipetas y tubos de ensayo en sus redes sociales, como si fuera un científico. “Gracias a investigadores como usted tenemos más esperanzas para vencer el cáncer. Tengo mucha fe de salir adelante”, le comentaba una mujer argentina en una foto de su perfil, tres años atrás. En paralelo, sin que sus seguidores lo supieran, Prieto Gratacós era denunciado en la Justicia.
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Este martes, el insólito influencer cubano de la salud fue procesado sin prisión preventiva por el juez Martín Yadarola junto a María Victoria Rodríguez Amador y Roberto Álvarez, médicos según ellos mismos y sus principal cómplices, con un embargo de $20 millones cada uno. El delito, investigado por la Fiscalía N°27: estafa, vender en el país de la crotoxina una cura del cáncer que jamás existió
Dos mujeres porteñas diagnosticadas con cáncer de páncreas y colon que fallecieron poco después del inicio del falso tratamiento fueron sus víctimas. Una de ellas, por ejemplo, había recibido el diagnóstico en 2017. Llegó al influencer cubano desesperada, dos años después, tras más de 21 estudios y una quimioterapia que no funcionaba. Lo había visto en televisión, en los programas de dos reconocidos conductores.
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Terapia de fantasía
Yadarola -que subroga el Juzgado N°2, que interviene en el caso-, acusó a Prieto Gratacós y Amador de “haber efectuado falsas promesas de recuperación o de garantizar una mayor expectativa de vida” desde su consultorio en la calle Paraná “al dispensarles un alegado “tratamiento médico alternativo” para la cura de la enfermedad que atravesaban, sobre la base de estudios y estadísticas sin evidencia científica y otras artimañas, a través del cual lograron diversas erogaciones monetarias".
La pseudoclínica, descubrió el juez, estaba habilitada, pero como centro odontológico. Rodríguez Amador, también cubana, operaba en el lugar junto con Álvarez. Uno de los acusados originales, señalado por proveer supuestos productos alimenticios y terapéuticos para la terapia, resultó sobreseído tras una defensa del abogado Gastón Marano.
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El influencer, según el procesamiento de Yadarola, le prometió a las víctimas del caso que “podía curar cualquier tipo de cáncer”, eliminar los tumores de una de ellas y extender en 84 meses la expectativa de vida de la otra. Y para un paciente de cáncer, el tiempo es todo. El influencer proponía “35 aplicaciones del sistema CISA Competitive Inhibition with Structural Analogues” y “30 aplicaciones del protocolo de inducción metabólica” más un “programa de nutrición antineoplástica KETO-MR Keto-Metabolic Rehabilitation”. Desde ya, todo se cobraba.
Así, comenzó el pseudotratamiento para ambas mujeres a mediados de 2019. Las víctimas pagaron casi $350 mil pesos entre ambas a valor de aquel año por más de una decena de aplicaciones cada una, con un tarifario que se ajustaba con los vaivenes del dólar. A los pocos días de iniciadas las aplicaciones, una de las víctimas “comenzó a presentar acidez estomacal, mareos que se prolongaban durante varias horas posteriores a cada sesión, estado de confusión, sequedad en la garganta y falta de fuerza en los brazos”. En la clínica de la calle Paraná, apenas le dijeron que estos efectos secundarios eran esperables.
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La terapia de Prieto Gratacós y su organización, según determinó el juez Yadarola, no sirvió de nada. Ambas murieron. Una falleció el 15 de enero de 2020. La otra, en mayo de ese año. Sus hijos y esposos formularon la querella en contra del influencer y el plantel de su supuesta clínica trucha poco después. El Centro de Terapia Metabólica cerró a mediados de 2020.
Un autodidacta
Prieto Gratacós se presentó en la Justicia con un descargo escrito. Afirmó ser, simplemente, un escritor, un “autodidacta” que nunca exhibió títulos que nunca tuvo. Se había radicado en Argentina en 1997.
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En su indagatoria, “indicó que el Centro había organizado cuatro congresos panamericanos de terapia metabólica, con asistencia de numerosos especialistas, incluido el entonces director del Instituto Nacional del Cáncer, y que incluso existía constancia del interés del Ministerio de Salud en dichas actividades”.
Su supuesta terapia, aseveró el influencer cubano, era meramente “complementaria” de la oncología tradicional, al contrario de lo que denunciaron la familia de las víctimas.
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El Centro de Terapia Metabólica fue allanado por la PFA. Yadarola pidió al ANMAT que analice las sustancias incautadas y que determine si presentaban un riesgo a la salud. Los resultados fueron inconcluyentes. Las sustancias eran, en términos médicos, la nada misma.
El Cuerpo Médico Forense fue convocado para determinar si las víctimas fallecieron a causa del tratamiento en la calle Paraná. Los especialistas de la Corte Suprema aseguraron que los datos para analizar eran escasos. Finalmente, determinaron que “el tratamiento suministrado podía ser considerado una terapia alternativa o complementaria, igualmente carente de evidencia científica de nivel 1A, lo que impedía emitir conclusiones médico-legales concluyentes”.
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A pesar de las denuncias, Prieto Gratacós continuó con sus videos en redes sociales. Sus últimos posteos en YouTube datan del mes pasdo.
Qué dice la defensa
El abogado Marco Tirendi, defensor de Prieto Garacós, apunta, entre otros detalles, que la acusación original del caso era mucho más grave. Una de las querellas había impulsado la figura de asociación ilícita en concurso con estafa, además de abandono de persona seguido de muerte. En diciembre de 2024, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa planteó la posibilidad de un homicidio culposo, junto al ejercicio ilegal de la medicina y la comercialización de sustancias peligrosas para la salud. Ninguna de esas acusaciones finalmente prosperó.
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Finalmente, Munilla Lacasa pidió el sobreseimiento de los imputados por el delito de homicidio culposo. Según sus propios, la batería de pericias no pudo probar que los pseudotratamientos de la clínica de la calle Paraná les causaron la muerte a las dos mujeres. También, dio de baja la acusación del delito de ejercicio ilegal de la medicina: Prieto Gratacós no se vendía a sí mismo como un médico. También, rechazó acusar por abandono de persona y asociación ilícita, ya que entendió que los médicos que lo rodeaban no se habían reunido para delinquir.
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