El Gobierno dejará de pagarle a las empresas por pasajes gratuitos para personas con condiciones de salud especiales

El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, personas trasplantadas, en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La medida quedó establecida en la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada hoy en Boletín Oficial. “Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674″, detalla la normativa.

A partir de la mencionada medida, queda sin efecto el régimen de compensaciones económicas que, desde 2018, preveía el pago parcial por parte del Estado de los boletos gratuitos que las empresas debían otorgar a los beneficiarios de las leyes de discapacidad (22.431); personas trasplantadas o en lista de espera (26.928); y sobre protección integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer (27.674).

Según establece la resolución, la modificación no afecta el derecho a la gratuidad de los pasajes previsto en esas leyes, sino que las empresas de transporte estarán obligadas a seguir otorgando este tipo de pasajes a los grupos mencionados.

El texto oficial argumentó que la situación regulatoria del sector cambió de manera sustancial con la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, el cual introdujo un nuevo marco normativo para los mencionados servicios de carácter interjurisdiccional, permitiendo a las empresas determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración, dentro de los estándares de seguridad fijados por la autoridad de aplicación.

Según la resolución, este cambio modificó la base jurídica y económica que justificaba la existencia del régimen de compensaciones. Es por ello que la Secretaría de Transporte sostiene que, al quedar superada la causa estructural que había dado origen a las compensaciones, la continuidad del sistema se vuelve innecesaria. El derecho de los usuarios a viajar sin costo por las razones contempladas en la ley “permanece plenamente vigente y exigible”, afirmó el texto.

La Resolución 28/2026 también estableció que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de controlar y garantizar que las empresas cumplan con la emisión de los pasajes gratuitos para los beneficiarios alcanzados por la normativa. La CNRT deberá mantener los procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de gratuidad.

Además, la medida incorpora una cláusula transitoria para proteger situaciones devengadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la resolución, en línea con el principio de seguridad jurídica. De este modo, se resguardan los derechos y procedimientos ya iniciados antes de la publicación de la nueva normativa.

Hace unos días se conoció el dato sobre el costo de los pasajes de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según indicó, experimentó aumentos significativos desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el boleto mínimo de colectivo se multiplicó hasta 16 veces, con subas que oscilaron entre 1.221% y 1.545% según la jurisdicción.

El informe señaló que las tarifas del transporte crecieron muy por encima del índice de precios al consumidor, que subió un 303,5% en el mismo período. En contraste, el Salario Mínimo, Vital y Móvil solo aumentó un 129%, lo que implicó una pérdida real del 43% en su poder adquisitivo. Esta brecha impactó en el gasto de los hogares: en abril de 2026, quienes cobran el salario mínimo debieron destinar el 17,3% de sus ingresos al transporte, frente al 2,6% en diciembre de 2023.

El análisis de CEPA remarcó la creciente brecha tarifaria federal, agravada tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior. En el AMBA, el boleto mínimo ronda los $700, pero en ciudades del interior puede superar los $2.000. Además, el fuerte aumento en los costos operativos, como el gasoil, y la reducción del presupuesto real para infraestructura profundizaron el impacto en el sistema.

La suba de tarifas repercutió en la demanda: en febrero de 2026, el total de pasajeros transportados cayó un 12,9% interanual, con disminuciones del 23,6% en trenes y del 11,7% en colectivos. El informe advirtió que, debido a la fórmula de actualización mensual y la volatilidad de los costos, es probable que los aumentos continúen durante 2026.