
La Justicia de La Plata dispuso la liberación de los padres de la beba de Ensenada que murió tras ingresar en un grave estado al Hospital Gutiérrez en La Plata, pero la causa por abuso y abandono de persona seguría abierta.
El caso, registrado en Villa Catella, Ensenada, tomó estado público el día en que una beba de un año y dos meses llegó al hospital en estado crítico y falleció poco después.
Los padres fueron detenidos bajo la acusación de “abandono de persona seguido de muerte”, tras ser capturados en una vivienda de la calle 127 entre 35 y 35 bis, donde residía la familia. Las autoridades judiciales también ordenaron peritajes en tres domicilios del mismo lote, donde vivían familiares directos de la menor que participaron en el traslado al hospital. Todos ellos fueron liberados tras las primeras medidas.
La causa continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, a cargo de Martín Almirón. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el fiscal resolvió solicitar la liberación de los padres tras la incorporación de nuevas pruebas, entre ellas una segunda autopsia realizada por la Asesoría Pericial y la ampliación de declaraciones de las médicas que atendieron a la beba.
En los primeros exámenes forenses no se establecieron de manera concluyente signos de abuso sexual, aunque sí se describieron lesiones cuya naturaleza permanece bajo análisis y requiere estudios complementarios.

El abogado defensor Gonzalo Escaray sostuvo que la resolución es de carácter procesal y no implica el cierre del expediente ni una definición sobre la eventual responsabilidad penal de los acusados. “La investigación sigue y nuestros asistidos colaborarán con todas las diligencias que se dispongan y remarcó que la decisión judicial responde a la falta de elementos suficientes para sostener una prisión preventiva y no supone la desvinculación de los padres respecto de la causa”, precisó.
De esta manera, la principal hipótesis de la causa se estructura con base en la idea de que la muerte de la menor podría estar relacionada con un reflejo vasovagal, fenómeno que produce una brusca disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial y que, según las pericias, podría ser consecuencia de una situación de abuso. Por esto mismo, se continúan recolectando pruebas para esclarecer el hecho y determinar si existió un abuso y si este desencadenó la muerte de acuerdo a lo informado por fuentes judiciales.
Las médicas que intervinieron en la atención aportaron su testimonio en el expediente, que fue ampliado recientemente por solicitud de la fiscalía.
Acusaron a médicas de un hospital de Neuquén por la muerte de una recién nacida
La semana pasada, cuatro profesionales de la salud del Hospital Castro Rendón de Neuquén fueron formalmente acusadas por la muerte de una recién nacida, ocurrida el 21 de enero de 2023. La decisión se tomó en una audiencia de formulación de cargos realizada en la Ciudad Judicial, donde el fiscal Andrés Azar les atribuyó a las imputadas haber actuado con impericia, negligencia y falta de diligencia durante la atención obstétrica y neonatal brindada a una paciente embarazada de 39 semanas.
La acusación de homicidio culposo surge en el marco de una atención obstétrica que, según la Fiscalía, presentó omisiones y acciones inadecuadas que derivaron en el fallecimiento de la recién nacida a las 15 del día mencionado, en el principal centro de salud pública de la provincia. El proceso penal, seguido con atención en el ámbito local, involucra a cuatro mujeres identificadas como A. P., N. M., L. G. y E. S. M., quienes se desempeñaban como médicas y licenciadas en obstetricia y pediatría en el hospital.
Según el fiscal, la médica ginecóloga A. P. fue responsable de la cesárea y dispuso la finalización del embarazo por inducción sin causa obstétrica que la justificara. Además, omitió realizar monitoreo fetal intraparto durante un lapso crítico de más de tres horas, no registró de manera adecuada las prácticas efectuadas y confeccionó el parte quirúrgico con demora. Estas acciones, de acuerdo a la investigación, constituyeron una violación de los protocolos establecidos para la atención de partos de alto riesgo.
En relación a N. M., licenciada en obstetricia, la fiscalía sostuvo que participó en la administración de oxitocina sin realizar monitoreo fetal simultáneo, incumpliendo los protocolos de seguridad vigentes. También omitió dejar constancia en la historia clínica de las evaluaciones periódicas del estado fetal, lo que dificultó el seguimiento y la toma de decisiones en tiempo real durante el trabajo de parto.
La médica pediatra L. G., a cargo de la atención neonatal inmediata, recibió a la recién nacida con signos de depresión grave y aspiración meconial. Sin embargo, de acuerdo con los cargos, no realizó maniobras avanzadas de reanimación, no dispuso el traslado inmediato a terapia intensiva neonatal y tampoco cumplió con los deberes de registro de la evolución clínica del caso. Por último, la licenciada en obstetricia E. S. M. fue señalada por no efectuar los controles de signos vitales maternos y fetales en un período considerado crítico.
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