Tras más de un año de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Criminal “Córdoba” de la Gendarmería Nacional (GNA), en junio pasado fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón uno de los integrantes más importantes del “Clan Brizuela”, una organización narco que en 2024 quiso ingresar al país 861 kilos de cocaína desde el país vecino, ocultos en un cargamento de zapallos.
Se trata de Roberto Zacarías Acuña, quien era buscado por la Justicia federal de Córdoba, a cargo del fiscal federal N°3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, y el juez Alejandro Sánchez Freytes.
Zacarías Acuña está acusado de haber sido el proveedor de la banda narco y este miércoles pasado llegó al país para afrontar el proceso judicial en su contra, según pudo saber Infobae.
Con la doble nacionalidad boliviano y argentino, Zacarías Acuña al momento de la captura tenía una circular roja de Interpol. Ahora, ya preso en Córdoba, lo defienden los abogados Marcelo Flores y Fernando Madeo Facente.
El caso
El caso se centra en el hallazgo de un cargamento de más de 860 kilogramos de cocaína, descubiertos en un control de Gendarmería cerca de Rosario de la Frontera, Salta.
La droga viajaba oculta entre zapallos en la parte trasera de un camión y estaba empacada en 846 “ladrillos” de forma compacta, según el acta de secuestro.
Los investigadores identificaron a Ramiro Félix Tapia como el conductor del vehículo, quien admitió transportar la carga a pedido de Juan Carlos Brizuela, apodado “Sieto”.
La investigación sostiene que Brizuela era quien coordinaba los pagos y la logística, en contacto permanente con Rosa María Espinoza (“Mery”), considerada por los informes de inteligencia como el nexo directo con los proveedores bolivianos.
Espinoza habría coordinado ventas y entregas en Buenos Aires y Córdoba, dialogando sobre precios —3.800 a 3.900 dólares el kilogramo de cocaína en Córdoba— y calidad de la sustancia, según surge de escuchas transcritas en el expediente.
El juzgado relata cómo la banda dividía tareas entre familiares y terceros: “punteros” y “barridos” patrullaban las rutas para alertar sobre posibles controles, mientras otros gestionaban los cobros y pagos, el traslado de vehículos y la provisión de “pantallas” para la operatoria.
Entre los acusados figuran los hijos de Brizuela, cargadores, choferes —como José María Astorga— y partícipes en la logística y el encubrimiento, como Paola Beatriz Guerrero y Jazmín Ayelén Choque.
La pesquisa incluyó seguimientos, escuchas telefónicas y análisis de movimientos bancarios. Los partes de Gendarmería señalaban conversaciones en clave: “anda ve”, “azules nomás eran”, “lindo papá”, “todo bien hace un ratito”, “poniendo en conocimiento que Sergio Brizuela se encontraba barriendo la ruta a la altura de Pichanal”.
En los allanamientos, se secuestraron más de 20 vehículos de alta gama, dinero en efectivo en dólares y pesos —$1.330.770 en uno de los domicilios, según consta en el expediente—, computadoras, armas, municiones y documentación relacionada con la compra-venta de autos.
En la vivienda de Espinoza se encontraron 3.900 dólares en efectivo, pasajes de colectivo entre Jujuy y Buenos Aires, y varios teléfonos celulares.
Al analizar la dinámica del grupo, el juez describió: “Los imputados se habrían dividido previamente sus roles y funciones para la consecución de los fines propuestos, con una constante fluidez y reciprocidad en las comunicaciones entre ellos”. Este punto fue clave para sostener el procesamiento bajo figuras agravadas, como organización y financiamiento del narcotráfico, que prevén penas de 8 a 20 años de prisión, y no solo cargos por “confabulación” o asociación ilícita menor, como reclamaron algunas defensas.
En el expediente, Espinoza negó ser parte de una banda y afirmó: “Que quiere asumir su responsabilidad en lo que realmente hizo… sólo participó de una operación con Juan Brizuela. Que nunca participó de triangulación de traer droga ni de Bolivia, ni de Salta, ni de Jujuy”. Otra frase surgida de la ampliación de su declaración buscó reducir su vínculo: “Que sí tuvo contacto con el Sr. Juan Brizuela, que este le debía dinero por otro asunto, exclusivamente comercial”.
A pesar de estos descargos, la resolución sostiene que “la estructura delictiva se sirvió de una organización familiar ampliada, dotada de recursos humanos e infraestructura técnica, que permitió encubrir las maniobras de tráfico y asegurar beneficios económicos”.
Hay que recordar que Brizuela había sido condenado previamente por transporte de estupefacientes en 2018 y Javier Luis Humacata cuenta con condenas previas, habiendo además evadido la justicia en otra ocasión.
El expediente enumera más de ciento cuarenta escuchas telefónicas, intervenciones directas en rutas y domicilios, y detalla geolocalizaciones cruzadas de los teléfonos intervenidos, que ubicaban a los implicados en las zonas por donde circulaban los camiones o donde se materializaban los envíos.
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