El titular del Juzgado de Garantías N°5 de San Martín, Nicolás Schiavo, habló esta mañana sobre el episodio de violencia que protagonizaron unas 20 personas con armas blancas en la dependencia judiciales.
En diálogo con periodistas, Schiavo describió el episodio como un ataque que no solo perturba el normal desarrollo de la Justicia, sino que representa “un problema institucional que atañe a todo el poder judicial de la provincia de Buenos Aires”. Para el juez, la responsabilidad no debe enfocarse en los individuos involucrados, sino en el hecho de que “los funcionarios públicos no tenemos que personalizar los problemas” y que tales hechos afectan seriamente la función de las instituciones.
El temor se instaló entre el personal del juzgado cuando varias personas accedieron de forma violenta, profiriendo amenazas y enarbolando lo que el juez define como “frases violentas”. Si bien versiones indican que algunos portaban armas blancas, el juez explicó que la principal reacción del equipo fue buscar resguardo, ya que ni a los funcionarios ni al personal judicial les corresponde enfrentar o identificar a los agresores. Esta situación se agravó por la ausencia de cámaras de seguridad en el edificio.
El juez evitó especular sobre los motivos detrás de la agresión, afirmando que tales definiciones deben surgir de las autoridades encargadas de la investigación. Además, rechazó encasillar el episodio como un ataque personal o una amenaza dirigida de manera exclusiva contra él o su equipo, resaltando que tales situaciones también se verificaron en escuelas y hospitales públicos de la provincia.
Con relación a la preocupación y el clima generado entre los trabajadores, el magistrado expresó: “Mi principal preocupación era el personal del juzgado”. Luego, subrayó que existen precedentes de manifestaciones pacíficas en dependencias judiciales, en las cuales los jueces recibieron a los manifestantes y canalizaron sus demandas. No obstante, aclaró que la naturaleza del hecho reciente difiere sustancialmente: lo ocurrido esta vez fue un acto de violencia inusitada que obligó a tomar medidas internas inmediatas.
Consultado sobre la incidencia del avance del narcotráfico como elemento de presión y violencia dentro de la provincia de Buenos Aires, el juez reconoció la gravedad de numerosos casos que tramita la justicia penal, aunque matizó que no le corresponde emitir juicios al respecto. Sin embargo, admitió que “el narcotráfico está avanzando, es algo que es evidente, y claramente hay determinadas situaciones que son más graves que otras”.
El episodio, según relató el magistrado, no responde a una queja gremial por las condiciones edilicias ni a una protesta específica contra su persona, sino que forma parte de una crisis institucional más amplia: ataques y situaciones de violencia se dan “todos los días” en diferentes órganos jurisdiccionales y en otros entes del sector público.
Schiavo insistió en restar personalismo y recalcar la dimensión estructural del incidente. También destacó que atentar contra una institución pública equivale a afectar el beneficio de toda la sociedad, pues los funcionarios actúan “al servicio de la sociedad” y están obligados a “tomarnos esto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y entender que es grave, cuán institucionalmente grave, no personalmente grave, cuando hay un atentado a una institución pública como fue lo que sucedió”.
Qué pasó
El hecho sucedió ayer al mediodía, en el edificio judicial ubicado en el cruce de Pueyrredón y Cerrito, en el partido de San Martín, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5 de ese distrito, a cargo del juez Nicolás Schiavo. Allí denunciaron que un grupo de 20 personas con armas blancas irrumpió en la mesa de entradas.
El caso fue ventilado por el diario La Nación, donde contaron que en los tribunales vincularon el ataque a una organización criminal allanada el 22 de enero pasado y a los que les secuestraron una escopeta, una pistola calibre 9 milímetros, chalecos antibalas y municiones.
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