Abusos en el Senado bonaerense: el juez debe definir si acepta la prisión preventiva de los detenidos

La Justicia de La Plata avanza en la investigación de graves denuncias contra Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados legislativos y referentes políticos en el Senado bonaerense, acusados de haber liderado un esquema de abusos sexuales agravados, privación ilegal de la libertad y amenazas.

Este viernes se realizó una audiencia en el juzgado de garantías a cargo de Juan Pablo Masi para analizar el pedido del dictado de la prisión preventiva de Rodríguez y Silva Muñoz, y escuchar los argumentos de todas las partes.

La medida había sido reclamada el miércoles por la fiscal Betina Lacki, quien consideró que tiene pruebas suficientes para requerir que los imputados vayan presos preventivamente, algo que consideró necesario, además, para resguardar a las víctimas y procurar el avance de la investigación.

De acuerdo con lo señalado por la fiscal y recogido en la investigación judicial, las conductas atribuidas comprenden no solo manipulación física y psicológica, sino la instrumentalización de una supuesta secta denominada “Orden de la Luz”, con impacto directo en la salud mental de las víctimas y posibles ramificaciones dentro del entorno político provincial.

A partir de diversos testimonios que se describen en el expediente judicial, bajo la fachada de la agrupación política Movimiento Ciudadano La Capitana, dirigida por Rodríguez y Silva Muñoz, se desplegaba una metodología específica de cooptación.

Las denuncias incluyen episodios ocurridos entre 2015 y 2023. Según estas imputaciones, los acusados captaban víctimas jóvenes, en su mayoría adolescentes o recién mayores de edad, a quienes ofrecían oportunidades educativas o laborales. Las acusaciones recaen sobre nueve hechos documentados, con cuatro mujeres como denunciantes: dos presentaron sus casos en 2019 y otras dos en 2025, todas bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata.

Los detalles de los abusos

Entre los argumentos que tuvo en cuenta el juez para dictar la primera orden de detención de los acusados, en diciembre, figura el hecho de que los imputados emplearon violencia sexual y coerción prolongada, agravada por manipulación psicológica y amenazas.

Según el expediente, las acusaciones se apoyan en múltiples testimonios que describen un patrón de sometimiento sexual, amenazas y violencia. Las dos víctimas principales, relataron ante la fiscalía episodios consistentes y reiterados de abuso. Entre los hechos más graves, una de ellas describió que conoció a Nicolás Rodríguez en el año 2016, cuando él tenía 33 años y era ayudante de un profesor, mientras ella cursaba sus estudios secundarios. Rodríguez, junto con Silva Muñoz, habría utilizado su influencia y la promesa de participación en actividades legislativas para acercarse a las víctimas. Una vez lograda la confianza, comenzaron los encuentros y, después, los episodios de abuso sexual, a veces mediante amenazas y, en otras ocasiones, recurriendo a la manipulación psicológica.

Los testimonios indican que uno de los mecanismos frecuentes era convencer a las víctimas de que su participación sexual era necesaria para el equilibrio “espiritual” y para satisfacer a quien era autodefinido como “KIEI”, el líder de la secta.

Otra de las víctimas denunció que, tras un contacto inicial en un encuentro de politólogos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, Rodríguez le ofreció una pasantía. El acercamiento derivó en una primera reunión donde, de acuerdo al testimonio, fue sometida a abusos sexuales bajo presión y en circunstancias en las que su rechazo no era respetado. Posteriormente, Rodríguez y Silva Muñoz integraron a la víctima a una relación sexual forzada de tríada. La mujer declaró: “al principio fue consentido, pero estos actos fueron persistiendo con el tiempo, pero ya de mi parte no estaba esas mismas ganas de querer continuar con esto, y cuando yo quería salir de esa situación, comenzaron las presiones tanto de Nicolás como de Daniela”.

Ambas víctimas relataron que a lo largo de los años, la presión incluyó maniobras de acoso, amenazas contra sus familias y mensajes insistentes donde se advertía que romper el vínculo tendría consecuencias negativas. Una de las jóvenes aportó más de 200 correos electrónicos, enviados durante años a distintos horarios, con alertas, órdenes de obediencia a la “Orden” o instrucciones para presentarse en determinados lugares; también describía mensajes en los que el líder se refería a sí mismo como un ser sobrenatural y establecía directivas sobre el sexo grupal.

El dictamen fiscal hace un repaso por episodios que incluyen violencia explícita, utilización de armas blancas y ejercicios de control psicológico y físico. Por ejemplo, una de las denunciantes relató un procedimiento en el que, tras una discusión, fue obligada a practicar sexo oral bajo amenaza con cuchillos, y en otra oportunidad fue “atada de manos y pies en una combi, sin poder escapar”. También se detallan situaciones en las que las jóvenes eran forzadas a “entrenar el fuego”, exponiéndose a dolor físico como parte del sometimiento.

La investigación se apoya, además, en informes médicos, denuncias previas y la intervención de organismos estatales, como el Ministerio de las Mujeres y la Dirección de Género del Senado bonaerense. Entre las medidas de protección, se dictaron restricciones de acercamiento, aunque las víctimas refirieron dificultades para hacerlas cumplir.

La decisión sobre el pedido de prisión preventiva será evaluada ahora por el juez, quien deberá decidir si la otorga o ordena la libertad de los acusados mientras continúa el proceso judicial.