Una ex magistrada de la Corte Suprema de Chile ingresó en prisión preventiva por corrupción

Un tribunal de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva de Ángela Vivanco, exmagistrada de la Corte Suprema de Chile, en el marco de una investigación por corrupción que ha golpeado con fuerza la credibilidad del sistema judicial chileno. La medida, sin precedentes para un ex miembro del máximo tribunal del país, refleja la gravedad de las acusaciones y marca un hito en la persecución de delitos de funcionarios de alto rango en el Poder Judicial.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público tras una extensa audiencia de formalización que se prolongó durante cuatro días. Vivanco, quien ejerció como jueza de la Corte Suprema hasta octubre de 2024, enfrenta cargos formales por cohecho y lavado de activos. Según el juez Cristián Sánchez, los antecedentes presentados demuestran que la ex magistrada “ejecuta directamente actos ilícitos” que comprometieron la integridad del sistema de justicia chileno.

En su resolución, el magistrado advirtió que las conductas atribuidas a Vivanco “afectaron la integridad del sistema de justicia, sobre todo la independencia externa que deben mantener los jueces, dañando la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia”. Esta consideración subraya el impacto institucional del caso, que va más allá de los hechos individuales y toca los fundamentos mismos de la confianza pública en la administración de justicia.

La fiscal Carmen Gloria Wittwer, a cargo del caso, manifestó su satisfacción con la decisión del tribunal y justificó la necesidad de la prisión preventiva al señalar que “su libertad constituye un peligro a la seguridad de la sociedad”. Wittwer subrayó la solidez de la investigación: “Tenemos una investigación sólida y todos los antecedentes expuestos dan cuenta de los delitos que nosotros estamos imputando a la señora Ángela Vivanco”.

Según la acusación del Ministerio Público, Vivanco y su pareja mantenían una estrecha relación con dos influyentes abogados chilenos. La hipótesis fiscal sostiene que la exmagistrada habría recibido sobornos a cambio de dictar fallos judiciales favorables a los intereses de estos letrados y sus representados. Este esquema de tráfico de influencias habría operado mientras Vivanco ejercía como jueza del máximo tribunal, comprometiendo la imparcialidad de decisiones judiciales de alta relevancia.

El caso contra Vivanco no se limita a los delitos de cohecho y lavado de activos. La exmagistrada enfrenta además otras investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias, abandono de deberes, pérdida de imparcialidad y entrega de información confidencial. Este conjunto de imputaciones dibuja un cuadro de presunta corrupción sistemática que habría operado desde el interior de la Corte Suprema.

En octubre de 2024, Vivanco fue apartada de sus funciones en el máximo tribunal tras conocerse las primeras denuncias en su contra. Poco después, el Senado chileno la destituyó e inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante cinco años, un proceso político que precedió a la formalización penal. Esta rápida reacción institucional buscó contener el daño político y simbólico que el escándalo provocó en el sistema judicial.

El caso Vivanco ha generado un profundo cuestionamiento sobre los mecanismos de control interno en el Poder Judicial chileno y ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas estructurales para prevenir la corrupción en las altas esferas judiciales. La ausencia de precedentes de prisión preventiva para un exmiembro de la Corte Suprema subraya la excepcionalidad del caso y la determinación del Ministerio Público de perseguir la corrupción sin consideración de jerarquías.

Chile ha enfrentado en años recientes varios escándalos de corrupción que han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones. Este caso, sin embargo, resulta particularmente sensible por involucrar al Poder Judicial, última instancia de resolución de conflictos y garante de la legalidad. La prisión preventiva de Vivanco envía una señal clara sobre la voluntad de las autoridades de no tolerar la impunidad, pero también expone las fragilidades de un sistema que permitió que presuntos actos de corrupción prosperaran en su cúpula durante un periodo indeterminado.

El desarrollo de este proceso judicial será observado con atención tanto por la opinión pública como por organismos internacionales que monitorean el estado de derecho en la región. La solidez de la investigación y la transparencia del juicio serán claves para restaurar la confianza en la institucionalidad judicial chilena, seriamente dañada por este escándalo sin precedentes.