El 30 de enero del año pasado, Paloma Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14) salieron de sus casas en la localidad de Florencio Varela con la excusa de ir al gimnasio, aunque en realidad iban a verse en secreto, querían estar a solas. Sus familiares ya no los volvieron a ver. Dos días después, sus cuerpos aparecieron en un descampado cerca del puente de Bosques: habían sido asesinados a golpes.
El doble crimen de los adolescentes conmovió a la zona sur del conurbano bonaerense y dejó un expediente que, a 12 meses del hecho, sigue sin responsables identificados ni pruebas firmes sobre el móvil.
La última línea de investigación se centró sobre dos vecinos mencionados en la causa, que viven a unas 15 cuadras de las casas de Paloma y Josué. “Pero es muy endeble la prueba, por no decir inexistente”, explicó un investigador. Lo único que se consiguió al respecto fue una filmación en la que se ve a uno de ellos volviendo a su domicilio sin objetos en las manos ni manchas visibles, algo con lo que no se puede sostener ninguna acusación.
Ese fue un capítulo más para un proceso que parece estancado. Desde el inicio, el trabajo judicial estuvo marcado por múltiples líneas de investigación que no avanzaron.
La principal hipótesis apunta a un ataque vinculado a un robo, aunque no se descarta un crimen cometido para ocultar ese delito. “No hay nada más que dos chicos muertos por violencia desmesurada, que no explica nada”, describió una voz cercana al caso.
Durante los primeros meses, la atención estuvo puesta en personas en situación de calle que frecuentaban la zona del descampado donde aparecieron los cuerpos. De los registros de Desarrollo Social municipal surgieron seis nombres, algunos con antecedentes menores, como hurtos o robos de oportunidad. Pero esta línea ya fue descartada: ninguno de ellos tuvo relación con los crímenes.
Otra pista que perdió fuerza fue la que involucraba a la congregación evangelista “Familias Sanas”, que funcionaba a 60 metros del lugar del hallazgo. El galpón fue allanado y se secuestró un teléfono celular para peritar. Sin embargo, el resultado del análisis fue negativo.
Además, un pastor, identificado como J.P., había levantado sospechas. Su ausencia durante los días de rastrillajes, sumado a su relación cercana con el papá de Paloma y el cierre repentino de sus redes sociales, fueron las cuestiones que provocaron las dudas en el círculo familiar de Josué.
J.P. fue convocado a declarar ante la Justicia y solo relató su vínculo de amistad con los padres de la menor asesinada. No aportó datos sobre el crimen ni sobre posibles sospechosos. Según pudo saber este medio, pese a que no hay nada que lo vincule, sigue bajo la mira.
El expediente tampoco sumó pruebas a través de las pericias científicas. Las muestras de ADN tomadas en la escena y en las prendas de los chicos no coincidieron con ninguno de los investigados. En tanto, el análisis de las redes sociales de Paloma y Josué solo reconstruyó sus movimientos antes de desaparecer.
En medio de todo ello, el caso atravesó momentos de tensión entre los familiares de las víctimas, que sostienen versiones enfrentadas sobre lo que ocurrió. Omar Gallardo, padre de Paloma, afirmó que el hecho podría estar relacionado con su actividad como pastor y su lucha contra el narcotráfico. La hermana de Josué, Julieta Salvatierra, sostuvo que se trató de un ataque premeditado y cuestionó la postura de Gallardo.
Lo concreto es que nadie fue imputado hasta el momento. “La causa está muy difícil de esclarecer”, reconocieron desde la investigación, que por estos días se focaliza en sumar nuevos testimonios y reconstruir una línea de tiempo con datos objetivos.
El caso está en manos del fiscal Darío Provisionato, titular de la UFI N°1 descentralizada de Florencio Varela. Hay que recordar que el expediente cambió de fiscalía durante las primeras semanas. Hernán Bustos Rivas, de la UFI N°5 del mismo distrito, se apartó tras denunciar amenazas por parte del abogado de la familia Salvatierra, Carlos Diéguez. El conflicto abrió una causa paralela por coacción, que fue elevada a juicio.
El caso
Paloma y Josué eran vecinos y alumnos de la Escuela Secundaria N°63 de Bosques, aunque cursaban diferentes años. Durante los últimos meses habían iniciado una relación y solían encontrarse a solas en el descampado de la avenida Calchaquí y Capdevila, a pocas cuadras de sus casas.
Aquel 30 de enero, ambos salieron con el supuesto plan de ir al gimnasio, aunque después las cámaras y los testimonios sugirieron que solo buscaban verse a solas lejos de adultos.
La denuncia por la desaparición movilizó a las familias y a la Policía Bonaerense y la peor noticia llegó el 1° de febrero. Un vecino que pasaba por la zona halló los cuerpos de los adolescentes a pocos metros del puente de Bosques, en un terreno de cinco hectáreas cubierto de pastizales altos y cerca de las vías del ferrocarril Roca.
A las víctimas les faltaban los celulares y un morral con algo de dinero en efectivo. Posteriormente, las autopsias determinaron que murieron por lesiones graves en el cráneo producidas con una piedra. No se detectaron signos de abuso sexual.
El predio donde ocurrió el crimen es conocido por la ausencia de vigilancia y por ser un espacio frecuentado por jóvenes, cartoneros y personas en situación de calle. Los vecinos relataron que el lugar suele quedar desolado al anochecer y que los robos y hechos de violencia son habituales.
Durante los primeros meses, la causa alternó entre hipótesis de robo, ajuste de cuentas, cuestiones personales y hasta una posible conmoción por haber presenciado algo indebido en el descampado, algo que también perdió fuerza.
En un momento la investigación se posó sobre un comerciante de Río Negro, que fue detenido después de que se detectara que el celular de Josué había sido vendido en esa provincia. El hombre explicó que compró el aparato por Facebook y que no tenía relación con el hecho. La Justicia lo liberó tras verificar su coartada.
Así, a un año del doble crimen, el expediente sigue sin procesados ni plazos de instrucción.
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