Panamá anuló la concesión que permitía a una filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings operar dos puertos en el Canal

La Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló este jueves la concesión que permitía a una filial de la hongkonesa CK Hutchison Holdings operar dos puertos estratégicos en ambos extremos del canal de Panamá, tras declarar inconstitucionales las leyes que sustentaban el contrato, según informó el propio tribunal en un comunicado.

El fallo afecta a la operación de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, administrados desde 1997 por la empresa Panama Ports Company, subsidiaria de Hutchison. La Corte no detalló los fundamentos específicos de la inconstitucionalidad ni precisó las consecuencias inmediatas para la continuidad de las operaciones.

La nulidad del contrato fue solicitada por la Contraloría General de la República, que el año pasado presentó dos demandas al considerar que la concesión resultaba “inconstitucional” y que se habían producido diversas irregularidades. El contralor Anel Flores afirmó que una auditoría detectó pagos no realizados, errores contables y la presunta existencia de una “concesión fantasma” dentro de los puertos desde 2015, acusaciones que la empresa negó.

De acuerdo con la auditoría, las irregularidades habrían generado un perjuicio aproximado de 300 millones de dólares al Estado panameño desde la extensión del contrato en 2021 y de unos 1.200 millones de dólares durante los primeros 25 años de la concesión original. Flores también sostuvo que la renovación del contrato careció del aval obligatorio de su despacho.

El presidente panameño José Raúl Mulino calificó en reiteradas ocasiones el contrato como “leonino” y “contrario a los intereses nacionales”, en un contexto marcado por la presión de Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en varias oportunidades que China controla el canal de Panamá a través de los puertos operados por la compañía hongkonesa, pese a que la vía marítima es administrada por una entidad pública panameña autónoma.

“Hemos sido muy maltratados con este tonto regalo que nunca debió ser otorgado. La promesa que nos hizo Panamá no se ha cumplido (…) China opera el Canal de Panamá, y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo vamos a recuperar”, dijo Trump durante su toma de posesión hace un año.

Las presiones de Washington coincidieron con un proceso de venta de los activos portuarios de Hutchison. La empresa anunció un acuerdo para vender su participación mayoritaria en los puertos panameños y en otras terminales globales a un consorcio internacional liderado por la estadounidense BlackRock, como parte de una operación valuada en 22.800 millones de dólares. El acuerdo recibió el visto bueno de Estados Unidos, pero generó reparos en China, lo que trabó su avance.

El analista político Edwin Cabrera señaló que el siguiente paso procesal consiste en notificar formalmente a las partes sobre la decisión judicial y que luego la definición sobre el futuro de los puertos quedará en manos del Órgano Ejecutivo, a través de la Autoridad Marítima de Panamá. “Tengo la impresión de que la operación no se va a detener”, afirmó Cabrera.

El fallo se conoció mientras el canal proyecta inversiones por más de 8.500 millones de dólares en la próxima década para ampliar y diversificar su negocio. Entre los planes figuran la construcción de dos nuevos puertos para 2029, con una inversión estimada de 2.600 millones de dólares, además de un gasoducto y un nuevo embalse. Empresas chinas expresaron interés en algunos de esos proyectos.

Estados Unidos inauguró el canal en 1914 y lo transfirió a Panamá el 31 de diciembre de 1999, en virtud de tratados bilaterales que garantizan el tránsito en igualdad de condiciones para todas las banderas. Por la ruta de 80 kilómetros circula cerca del 5% del comercio marítimo mundial, con Estados Unidos y China como principales usuarios.

(Con información de AFP y AP)