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Un argentino fue deportado desde México a EEUU junto a otros 36 fugitivos acusados de delitos federales

Entre los extraditados se encuentra Manuel Ignacio Correa, un hombre de General Roca, vinculado a organizaciones criminales

Hace una semana se realizó la entrega de 37 integrantes del crimen organizado a Estados Unidos (SSPC)
Hace una semana se realizó la entrega de 37 integrantes del crimen organizado a Estados Unidos (SSPC)
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En la mayor entrega de criminales de alto perfil registrada en México, el martes 20 de enero, el gobierno mexicano extraditó a 37 presuntos integrantes de organizaciones delictivas a Estados Unidos, en una operación coordinada con autoridades estadounidenses. Entre ellos se encuentra Manuel Ignacio Correa, oriundo de la provincia de Río Negro.

Se trata de un empresario, nacido en General Roca, a quien apodan “El Argentino”, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro.

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La operación constituye la expulsión más numerosa ejecutada en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, superando los 29 y 26 fugados extraditados en operativos previos de febrero y agosto de 2025, respectivamente, según reportó el Departamento de Justicia de EEUU.

La lista de deportados incluye personas asociadas al tráfico de personas, comercio ilegal de armas y miembros de carteles de droga como el Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas) y Cártel del Golfo.

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Las autoridades norteamericanas agradecieron la cooperación mexicana y remarcaron: “La DEA seguirá impulsando, junto con nuestros socios estadounidenses e internacionales, el desmantelamiento de estos cárteles terroristas, la interrupción del suministro de fentanilo y la salvación de vidas estadounidenses”.

Entrega de 37 narcos a EEUU
El gobierno mexicano trasladó a 37 presuntos integrantes de organizaciones delictivas a Estados Unidos (Foto: SSPC)

En el caso de Correa, la fiscal general Pamela Bondi identificó al detenido como un empresario de 44 años, con residencia en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México y vinculado como socio de la firma “Servicios Ejecutivos del Sur Sociedad por Acciones Simplificada”, inscrita en julio de 2019 en Río Negro.

Las autoridades estadounidenses no revelaron los cargos específicos imputados a Correa, pero confirmaron su deportación al Distrito Este de Kentucky, donde enfrentará un proceso judicial que podría derivar en una condena de hasta 20 años de prisión.

El caso de Fred Machado

Este no es el principal argentino que corre con esta suerte, puesto que en noviembre del año pasado Fred Machado fue extraditado a Estados Unidos para comparecer ante la justicia por los delitos de lavado de activos, estafa y tráfico de cocaína.

El acusado partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de la aerolínea United Airlines, con destino final a Houston, Texas.

Desde 2021, Machado se encontraba bajo prisión domiciliaria, situación que cambió el 8 de octubre, cuando se revocó la medida tras detectarse irregularidades en su conducta procesal. Inicialmente permaneció en la sede de la Policía Federal Argentina (PFA) en Viedma y, posteriormente, fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales en Buenos Aires.

La detención del empresario se produjo en el Aeropuerto de Neuquén, en cumplimiento de una orden de Interpol emitida por la justicia de Estados Unidos, país que lo acusa de liderar una red internacional de empresas pantalla utilizadas para lavar dinero del narcotráfico y defraudar a inversores.

El operativo, dirigido por oficiales de la PFA y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), culminó en las inmediaciones del aeropuerto con la entrega del detenido a agentes de U.S. Marshals, quienes asumieron la custodia para el traslado.

El juez federal Gustavo Villanueva atribuyó al detenido el incumplimiento del monitoreo electrónico, al descubrirse cortes y alteraciones en la tobillera, así como comunicaciones no autorizadas con personas vinculadas a la causa. También le imputó el ocultamiento y manipulación de documentos, el envío de mensajes intimidatorios, la presión a testigos y entradas y salidas irregulares de la vivienda donde cumplía el arresto domiciliario.

El procedimiento recibió el respaldo de la Corte Suprema de la Nación el 14 de octubre, al ratificar el fallo del juez Villanueva que autorizó la puesta a disposición de la justicia estadounidense.

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