La maniobra extorsiva de presos en Junín: exigían 100 mil pesos para no difundir videos íntimos

Una causa por extorsiones digitales en la ciudad bonaerense de Junín llevó a los investigadores a descubrir que los responsables se encontraban en la cárcel. Se trata de internos de la Unidad Penitenciaria N°13. Desde allí chantajeaban a víctimas que contactaban a través de las redes sociales.

Según fuentes policiales, la investigación del caso comenzó a fines de octubre pasado, cuando dos vecinos juninenses, uno de 43 años y otro de 65, denunciaron haber sido víctimas de extorsiones.

Los vecinos relataron que tras intercambiar imágenes y videos de contenido íntimo a través de Facebook, recibieron amenazas por WhatsApp.

En dichos mensajes se les exigían el pago de 100 mil pesos para no difundir el material. Bajo presión, ambas víctimas realizaron transferencias bancarias a distintas cuentas.

Las denuncias activaron la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming -a cargo de Fernando Graffigna-, con la participación de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Junín -conducida por la fiscal Fernanda Sánchez- y la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, dependiente de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen.

Los detectives pidieron informes a empresas de telecomunicaciones, a sitios de pago y a la plataforma WhatsApp para identificar a los responsables.

Al reconstruir las conexiones tecnológicas, detectó así que los dispositivos celulares utilizados estaban vinculados a zonas cercanas a la mencionada cárcel de Junín.

Todos los datos reunidos en la investigación permitieron ubicar a los autores en la Unidad 13. Uno de ellos fue identificado como Luciano José Quiroga Ochoa, de 32 años y con domicilio registrado en la ciudad juninense.

Otro de los acusados es Maximiliano Carlos Ugrotte Barrios, de 39 años y también oriundo de Junín. En su caso, se encontraba bajo arresto desde hace más de un año en el marco de dos causas: en una fue condenado a fines de agosto a 9 meses de cárcel por un hecho de robo y en la otra está procesado por el delito de tenencia simple de estupefacientes y resistencia a la autoridad.

Ambos habían ingresado en los últimos meses a la unidad penitenciaria, provenientes de otras jurisdicciones. Estaban alojados en celdas separadas del pabellón 9, en el Sector A de la prisión.

Con todas las pruebas recabadas, la jueza María Laura Durante, del Juzgado de Garantías N°3 de Junín, ordenó allanarlas las celdas de los internos. A Luciano Quiroga le incautaron un celular Motorola, además de notificarle sobre la nueva causa en su contra.

En tanto, en el lugar de alojamiento de Ugrotte, el personal policial lo notificó, al igual que a su compañero de celda, llamado Lucas Torres. Ambos también tenían un teléfono Motorola cada uno. Los aparatos quedaron secuestrados, al igual que un Samsung J7 no registrado.

A fines de agosto, la misma cárcel había sido allanada tras otra denuncia de un vecino por una extorsión que involucraba mensajes intimidatorios que mencionaban a una menor de edad. El hombre había recibido amenazas por WhatsApp de alguien que se hacía pasar por policía, quien le exigió dinero para evitar supuestas complicaciones judiciales. Frente a la presión, la víctima realizó varias transferencias bancarias, hasta que detectó que se trataba de una estafa virtual.

Aquella investigación estableció que un interno utilizaba teléfonos celulares para ejecutar las amenazas, y una joven de 21 años, también de Junín, estaba vinculada a la línea telefónica utilizada en las extorsiones.

De esta manera, las autoridades requisaron el pabellón 3 y allanaron un domicilio del barrio Las Marías de la ciudad, donde encontraron a la joven acusada.

La investigación también se centró en conocer si este grupo tuvo relación con una serie de estafas que afectaron al presidente del Club Atlético Sarmiento de Junín. En ese caso, un supuesto impostor utilizó la identidad y la foto del dirigente para intentar compras en comercios locales, lo que se investiga bajo los cargos de usurpación de identidad y tentativa de estafa.