Esta semana tendrá lugar la primera audiencia preliminar para definir los lineamientos del proceso judicial que se llevará a cabo por el crimen de Luciano Olivera, ocurrido en 2021 en Miramar. Por el hecho, se encuentra detenido e imputado un policía de la Bonaerense.
El adolescente de 16 años fue víctima de un disparo mortal y por ese episodio, Maximiliano González se encuentra detenido. El agente del cuerpo de seguridad está acusado de “homicidio triplemente agravado por su condición de miembro de fuerza de seguridad, uso de arma y alevosía”, y se espera que el debate oral y público comience después del martes 25 en el Tribunal N° 1 de Mar del Plata.
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Las primeras instancias estarán dedicadas a la selección de los 12 integrantes titulares y seis suplentes que conformarán el jurado popular, con un criterio de paridad de género. Dichos ciudadanos serán elegidos por medio de un proceso de negociación entre la Fiscalía, la defensa y los abogados de la familia de la víctima, según informó el portal La Capital.
La decisión de optar por un jurado popular fue tomada por el propio imputado y su defensa oficial. Mientras que la familia de Olivera, quien murió a los 16 años, había solicitado que el debate se realizara ante un tribunal técnico y que incluyera a todos los efectivos implicados en una única instancia, pero el planteo fue rechazado.
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Los otros cuatro policías que participaron del operativo están imputados por encubrimiento y serán juzgados por separado en otros juzgados correccionales, aunque todavía no hay fecha.
El fiscal Fernando Berlingeri será el encargado de la acusación pública, mientras que el abogado Gregorio Dalbón representará a la familia de Luciano Olivera en la causa. Se prevé que el proceso judicial se extienda al menos cuatro audiencias, con los alegatos de apertura, testimonios, presentación de pruebas y los alegatos de cierre.

El hecho que se investigará ocurrió en la madrugada de un viernes de diciembre de 2021, cuando una patrulla de la Policía Bonaerense intentó identificar al adolescente, que conducía una moto Yamaha roja por la avenida 9, entre las calles 32 y 34. Las versiones oficiales indicaron que, tras el descenso del patrullero, González efectuó un solo disparo con su arma reglamentaria que impactó en el pecho del joven.
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Al arribar los médicos al lugar, constataron la muerte de Olivera, que sufrió una herida cardíaca, pulmonar y hepática, según determinó la autopsia oficial informada por la Fiscalía. La bala atravesó órganos vitales y salió por la espalda, provocando una muerte casi instantánea.
El entonces ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo públicamente tras entrevistarse con la familia del adolescente que “no hay ninguna justificación” para el accionar policial y remarcó que el imputado “hizo todo mal”, incluso pocas horas después de festejar su propio cumpleaños. El ex funcionario también agregó que tras el disparo los compañeros de González lo desarmaron, notificaron al fiscal y lo detuvieron.
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“Los cuatro miembros que estaban en el patrullero relatan que ni bien el Policía efectuó el disparo dijo que se le escapó”, agregó Berni y explicó: “Le retiraron el arma, comunicaron directamente al fiscal y los propios compañeros lo detuvieron. No hubo ni siquiera la mínima intención de encubrir, como sucedió“.
En Miramar, el caso derivó en la intervención de la comisaría de la ciudad y la remoción del jefe comunal. Esta es la primera vez en la jurisdicción que un efectivo policial enfrenta a un jurado popular por un caso ligado a violencia institucional, mientras la familia Olivera y organismos de derechos humanos reclaman justicia y celeridad en el proceso.
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”No existe la opción de que el arma se haya disparado sola. Y en caso de que existiera, viene todo mal desde arriba. Él lo estaba esperando con el arma en la mano. A la velocidad que venía Luciano, le dio tiempo a hacer todos los pasos que lleva disparar un arma”, aseguraron desde el entorno de la víctima.
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